Ciudad de México, México.– La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el lunes 26 de agosto el dictamen de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma, que será discutida en el Pleno de San Lázaro a partir de septiembre, incluye una serie de cambios significativos, destacando la polémica inclusión de la figura de jueces anónimos.
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¿De qué trata la reforma judicial?
La reforma propuesta por López Obrador sugiere que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular, una medida que ha generado un amplio debate.
Entre las modificaciones más controversiales está la creación de la figura de los “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada.
El dictamen aprobado incluye un párrafo que permite resguardar la identidad de los juzgadores para protegerlos en casos de alto riesgo.
Según el texto, el órgano de administración judicial podrá tomar las medidas necesarias para preservar la seguridad de estos jueces, impidiendo que las personas juzgadas conozcan la identidad de sus jueces.
No es la primera vez que se propone
Este concepto no es nuevo en la política mexicana. En 2010, el entonces presidente Felipe Calderón había propuesto una figura similar durante el gobierno de Felipe Calderón, en respuesta a la corrupción y amenazas de los cárteles de narcotráfico.
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Calderón argumentó que la seguridad de los jueces era un desafío crucial, citando experiencias de otros países como Colombia y Perú, donde la figura de jueces anónimos había sido implementada para proteger a los funcionarios judiciales.
Sin embargo, la propuesta generó controversia y críticas internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación sobre la falta de transparencia y el potencial impacto en el derecho a un juicio justo.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que esta medida podría contravenir las obligaciones internacionales de México sobre derechos humanos al comprometer la independencia judicial y el derecho a un tribunal imparcial.
La Asociación Internacional de Jueces, con sede en Roma, también se pronunció en contra de la reforma, pidiendo al gobierno mexicano que reconsidere su propuesta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha criticado previamente el uso de jueces anónimos en otros países, argumentando que el anonimato viola el derecho a ser juzgado por una corte independiente y pública.
El dictamen aprobado el lunes también incluye otras reformas sustanciales, como la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la reducción del período de su cargo de 15 a 12 años.
Además, se propone eliminar la pensión vitalicia para los ministros y ajustar el tope máximo de sus remuneraciones. La reforma también plantea sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones y eliminar las dos salas actuales de la SCJN.
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