1. Guanajuato y su propio despotismo legislativo
En cuestión de días, del penoso espectáculo en el Senado de la República toca el turno de observar el infiernillo local donde el despotismo legislativo va por cuenta del PAN. Una sesión extraordinaria en la que el oficialismo se hará sentir con una orden del día de 37 puntos que, como ya se ha expuesto ampliamente, incluyen la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) con una antesala por demás inquietante.
Si 20 de los 37 puntos del día son dictámenes de auditoría que se pretenden aprobar en bloque, el dato no es para dejarlo pasar. Se trata precisamente de uno de los mecanismos recurrentes del panismo para dar carpetazo a las cuentas pendientes, operación que sólo podría ser posible con un titular de la ASEG completamente subordinado al oficialismo.
Un ejemplo es suficiente para alzar las cejas sobre lo que este jueves se pretende aprobar de golpe y porrazo. Se trata del informe de resultados de la auditoría específica con enfoque de cumplimiento financiero practicada al Fideicomiso Fondos Guanajuato de Financiamiento, con el objetivo de obtener una seguridad razonable sobre la antigüedad de saldos y cancelación de cuentas por cobrar, así como el cumplimiento normativo y de reglas de operación aplicables a los saldos de cuentas por cobrar, correspondiente al 2022.
Para decirlo simple, se trata de las cuentas que directamente radican en los créditos otorgados al sector empresarial en el contexto de la pandemia de Covid, que fueron suministrados a través de la dependencia que hasta hace unos meses encabezaba Juan Antonio Guzmán Acosta y que tantas suspicacias levantaron a partir de las intenciones de extinguir el Fidesseg.
La forma particular con la que pretende aprobarse esta revisión debe llamar la atención, pues sin transparentar absolutamente alguno de sus resultados el propio dictamen advierte que desde abril de 2024 se notificó el pliego de observaciones. Aunque a la mano se tenía el recurso de reconsideración previsto en la ley, el 20 de mayo la respuesta completamente atípica de la Secretaría de Finanzas a cargo de Héctor Salgado Banda fue negativa.
Dado lo anterior, se advirtió que en términos generales Fondos Guanajuato no cumplió con las disposiciones normativas aplicables. El riesgo tal radica en que se revisaron 116 créditos con saldo pendiente a enero de 2022, mismo que para diciembre de ese año ya se encontraban en ceros, aunque se indicó que se revisó que estas cuentas contarán con la comprobación total, no se especifica más al respecto.
Al final, hablamos de diez observaciones no solventadas y se formularon siete recomendaciones que no se atendieron. El dar trámite a los procesos de responsabilidad que resulten, se dejará en manos de la ASEG una vez que sea aprobado por el pleno del Congreso de Guanajuato, que el mismo día definirá a su nuevo titular entre tres integrantes de una terna con evidentes nexos laborales y políticos con el PAN y sin experiencia alguna en materia de fiscalización.
Lo dicho. Además de los temas conocidos, es preciso poner lupa en los 20 dictámenes que pretenden aprobar en fast track y que, por cierto, ya cuentan con el visto bueno de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, incluido el morenista Cuauhtémoc Becerra González. Vaya aseo.
2. Un nuevo sheriff en Profeco
Ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo anunció el complemento de sus designaciones y finalmente puso final al suspenso en carteras que, no por ser de su gabinete ampliado tienen menor importancia.
Como le narramos en ocasiones anteriores, el proyecto para catapultar al ahora senador Ricardo Sheffield Padilla a la dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por lo menos ahora, se puso en suspenso. Era la cartera que estaba contemplada una vez que fungió como pieza clave en Guanajuato dentro de la campaña presidencial, pero las presiones internas abundan y Sheinbaum Pardo decidió ahorrarse problemas por ahora. Es así que finalmente se confirmó Octavio Romero Oropeza en el cargo.
Pero lo que realmente llama poderosamente la atención es la designación de César Iván Escalante Ruiz como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Se trata de un elemento de toda confianza de Claudia desde la delegación Tlalpan como director de Comunicación Social de donde saltó al mismo cargo, pero de la campaña electoral a la Jefatura de Gobierno de CDMX para luego seguir en línea ascendente al mismo cargo, pero ya en el gobierno de la Ciudad de México.
Es de llamar la atención por tratarse precisamente la dependencia en la que Ricardo Sheffield aspiraba a mantener influencia directa, dada la persecución que desde hace dos años desató el entonces secretario de gobierno Adán Augusto López Hernández. Vaya, prácticamente todas sus redes de influencia se desplegaron a partir de esa dependencia en la que colocó a afines y allegados en cada delegación o dirección estatal.
Por otro lado, es inevitable relacionar este nombramiento con la nueva circunstancia que rodea al también excandidato a la gubernatura de Guanajuato, al encontrarse en la mira de diferentes cuadros fundadores de Morena que han recibido aliento con la inminente postulación de Luis María Alcalde Luján para la dirigencia nacional de Morena. Se habla incluso de un bloqueo constante que ya habría escalado más allá de la mera grilla local.
También es preciso dejar en claro que no se podría dar por truncada la trayectoria política de Sheffield quien se mantiene apegado a la figura de Sheinbaum pero que además mantendrá vigencia en una senaduría que apenas está iniciando. Aún le queda la oportunidad de buscar un protagonismo que lo coloque en el centro del debate, algo que por cierto se le facilita sobremanera.
3. Militarizar el Bajío, la único que quedaba
Sin mayores recursos municipales ni intervención estatal, la región Laja Bajío ha comenzado un proceso de militarización ante la violencia criminal que tampoco ha hecho mayor diferencia. En ese contexto, un nuevo hecho de violencia política ha hecho patente el asedio sobre los alcaldes electos traducido en ataques a sus afines y allegados.
Ahora se trató de un ataque armado en el municipio de Comonfort en plena zona centro de la comunidad de Empalme Escobedo. Se trató de Tomás Mata quien se perfilaba para ocupar la dirección de turismo en la administración entrante de Gilberto Zárate. Sería el tercer ataque en su tipo. El hecho motivó que elementos del Ejército Mexicano reforzaran su presencia luego de que llegaran a la dirección de Seguridad Pública Municipal, con el objetivo de revisar el estatus del armamento de la corporación de la policía.
A partir del hecho, las versiones sobre el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional en Comonfort fueron de un lado a otro sobre si este se dio antes o después del suceso en el que otra figura de la política local fue abatida, pero la verdad es que como están las cosas, poca diferencia puede haber al respecto. En los hechos, todas las corporaciones han sido rebasadas.
Según lo señalado la revisión no tiene ninguna relación con los últimos hechos violentos, no obstante, no se aclaró el tiempo tarde el proceso. Una condición muy parecida a la que prevalece en Celaya, donde las mismas fuerzas federales mantienen a los policías fuera de sus funciones desde el pasado 22 de agosto, es decir, veinte días y contando.
Para completar el cuadro, dos policías más fueron asesinados en los municipios de Cortázar y Santiago Maravatío.
De manera que el despliegue militar es el recurso que queda en una coyuntura de cambio de gobierno, en el que de poco vale observar un claro patrón en el que los anillos de protección activados en torno a las autoridades electas, es claramente insuficiente ante la presión extendida de los grupos criminales y la orden concreta de no confrontarse con estos. Hablamos pues, de una vulneración total en el peor momento político en medio de una crisis que no espera ni tiene sosiego.
CONTRA RETRATO
Dessiré Ángel Rocha
No se puede negar que resultó una revelación dentro de la anquilosada política local. Su salto a Movimiento Ciudadano luego de liderar la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) le dio un impulso inusitado ante la opinión pública, dejando atrás la ya conocida afinidad de los varones de este sector con el PAN y con ello las expectativas de una nueva voz que requeriría hacerse sentir en una bancada minoritaria en el Congreso de Guanajuato.
Es por ello que Dessiré Ángel Rocha debió pagar el proceso de aprendizaje en un Poder Legislativo lleno de recovecos. Por ello no miente al presumir la presentación de 55 iniciativas firmadas de las cuales 21 lograron ser aprobadas, además de su participación en la bancada feminista en la que se sumó a 18 propuestas de las que fueron aprobadas diez. Nada mal para la legislatura de su debut.
Lo complicado deviene en la capacidad de reacción, criterio y posición ante temas coyunturales que a menudo el partido en el poder utiliza para llevar un paso adelante. Temas como la convocatoria y la terna para la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) o el cambio en los requisitos en el perfil del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), tomaron por asalto a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la representante emecista no fue la excepción.
Dessiré Ángel concedió su voto en este y otros temas emergentes no necesariamente al ser envuelta por el convencimiento panista o simplemente por desconocimiento, pero no se puede soslayar que una postura mucho más diligente en temas de relevancia bien le vendría ante un panismo acostumbrado a avasallar con su agenda particular.
Próximamente la veremos desempeñándose como regidora en el Ayuntamiento de León, en condiciones muy similares a la que vivió en el Poder Legislativo. De manera que lo esperable es la evolución de un cuadro de evidente buena voluntad que deberá fortalecer su oficio político
