1.- Mauro y los bandazos de la seguridad en León
Si algo ha demostrado la revelación sobre el cargo que desde 2020 desempeñaba en secreto el que será el nuevo Secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Mauro González Martínez, es la clara desorientación que el municipio de León ha padecido -con todo y sus gobernantes- entre los diferentes cargos, modelos facciosos y estrategias que han sobrevenido desde hace 9 años.
Entre 2015 y 2016, la violencia hizo crisis estatal y León no fue la excepción. La presión mediática y social sobre la alcaldía de Héctor López Santillana, incrementó luego de dejar la secretaría de seguridad pública en manos de Luis Enrique Ramírez Saldaña -cercano al secretario de seguridad estatal Alvar Cabeza de Vaca- y de reaparecer la subsecretaría de seguridad para el panista Francisco Becerra.
Prácticamente los dos trienios de López Santillana se fueron en reajustes. En marzo de 2017 despidió a Becerra, para luego darle el lugar al entonces panista José Luis Manríque Hernández. Para su segundo trienio, en 2018 ratificó a Ramírez Saldaña y presentó el modelo de justicia cívica, planteado por el asesor externo en seguridad, Bernardo León Olea.
En junio de 2019 Ramírez Saldaña renunció y en su lugar llegó Mario Bravo Arrona -otro cercano a Alvar y jefe de escoltas del gobernador-. En la coyuntura de marzo-abril de 2020 Manrique Hernández dejó la subsecretaría y León Olea terminó sus servicios. En ese contexto, el 7 de abril se registró el ingreso de Mauro González Martínez, que el año anterior había salido de la Policía Federal.
Resta recordar que vino el cambio de gobierno en octubre de 2021 y la actual alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ratificó a Mario Bravo. El 13 de febrero de este año, la edil lo despidió por falta de resultados.
Jorge Guillén Rico -otro cercano de Alvar- se quedó al frente de la secretaría pero con un Grupo Especial Táctico respaldado con una Unidad de Análisis e Inteligencia que tendrá un importante número de elementos y de tecnología para implementar operativos de alto impacto. Es decir, fue la primera mención pública sobre el área que ya ocupaba González Martínez cuatro años antes.
No se puede dejar pasar la mezcla sui generis con la que ya operaba la policía de León. Por un lado, los ecos del intento por establecer un modelo de justicia con policía investigadora, por otro el de las directrices estatales y todo mientras al interior de la estructura, el equipo de policías exfederales de Mauro González haciendo labores de inteligencia.
Ahora todo parece acomodarse bajo el mismo esquema empezando por el inminente secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch. El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo ha descartado la llegada de más exfederales a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), pero no a los municipios, donde estos parecen haber echado raíces en los últimos tres años.
2.- El colofón de la guerra de los programas sociales
Ni panistas ni morenistas se pueden abstraer de la batalla electoral, con el uso de los programas sociales. Ya sea por encima de la ley o al filo de esta, unos y otros lanzaron sus mejores apuestas para lograr la victoria en la urnas con apoyos sociales durante el sexenio que se fueron incrementando de forma evidente tan pronto se acercaba el 2 de junio de 2024.
En estas páginas le explicamos la importancia que tuvieron los programas del Bienestar para elevar la aceptación de Morena y la 4T en Guanajuato, las encuestas de TAG Research marcaron un promedio del 30 por ciento como esta motivación entre los votantes cautivados por la diferente gama de programas ofrecidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Un millón 500 mil beneficiarios fue la base con la que Alma Alcaraz Hernández compitió por la gubernatura, hasta llegar a un histórico millón de votos.
Pero el PAN-Gobierno de Guanajuato tuvo que echar toda la carne al asador desde mediados de 2023, pues sin contar con los presupuestos federales, recurrieron a una estrategia diferenciada y apoyada fundamentalmente en la llamada Tarjeta Rosa del programa Mujeres Grandeza, la cual elevó al doble su presupuesto ya en la coyuntura de la elección.
La denuncia de Morena y de la propia Alcaraz Hernández no se hizo esperar y ayer se cerró el capítulo con la confirmación de la validez de la elección de la gubernatura de Guanajuato en favor de la candidata del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, pero sin dejar de lado que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Federal Electoral, dejó asentado que sí hubo uso clientelar
Terminó así el capítulo de la elección en Guanajuato, pero una vez más dejando en claro que el uso electoral de los programas sociales quedará para los más listos, con impunidad casi garantizada.
3.- Glorieta Santa Fe: ícono huérfano
La principal entrada de Guanajuato capital tuvo este sexenio una inversión estatal inusitada. Casi 270 millones de pesos, para modernizar vialidades, equipamiento y renovar la Glorieta Santa Fe, un ícono que lleva ni más ni menos que el escudo del estado. Sin embargo, pese al patrocinio estatal y el uso municipal, no tiene claro quién se hará cargo de su mantenimiento.
Parece una burla. Pero se trata de una solicitud largamente realizada por el municipio de Guanajuato que terminó por atenderse. La última inversión fue la de la glorieta por 35 millones de pesos, para renovar su explanada, jardines, sus mástiles y su monumento. Su inauguración hasta incluyó una cápsula del tiempo para integrar la obra en los festejos del bicentenario de Guanajuato.
Sin embargo, así de fácil llegaron los problemas. Para el director de Servicios Públicos Municipales,
Omar Luis Rosas Ojeda, será necesario un convenio de colaboración entre la Secretaría de Obra Pública Estatal y el municipio que será gobernado próximamente por Samantha Smith Gutiérrez, pues advirtió que no podrán con la carga.
El argumento esgrimido por el funcionario ya es clásico en la dinámica entre el municipio y el gobierno estatal: la Glorieta Santa Fe y el bulevar Euquerio Guerrero son jurisdicción estatal.
Así que áreas verdes, alumbrado público, glorieta y vialidad, siguen legalmente bajo resguardo del estado, aún cuando el gobierno estatal anunció que estarían ya bajo responsabilidad municipal pues al final, fueron obras consideradas para el municipio. Al parecer, lejos de un avance, es la herencia de un problema.
CONTRA RETRATO
Liz Esparza Frausto
Desde la estructura del DIF en León, surge para dar vida a la Secretaría de Derechos Humanos, una entidad que es emblema para el gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo y que tanta inquietud causó por la diversidad de sectores poblacionales que pretende atender, pero sobre todo, el perfil que requiere para lograr esos objetivos.
Liz Esparza Frausto se ha forjado en la atención sobre todo enfocada a niñas, niños y adolescentes. Es licenciada en derecho con maestría en derecho civil y gestión pública y máster en derechos humanos. Según dijo Liba, “su liderazgo será clave para el fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia”.
Sin embargo, entre las organizaciones defensoras de derechos humanos hay dudas. Se trata de una secretaría que, además de atender derechos vulnerables, también deberá asumir un papel protagónico para que la administración estatal cumpla y promueva el cumplimiento de los derechos humanos.
En lo que toca a las super subsecretarías que completarán la parte alta de su estructura, en la mayoría se tienen buenas referencia como la de Susana Guerra para atender a migrantes, Ricardo García en atención a la población LGBT o Carlos Fonce con la Personas con Discapacidad, pero vaya que las hay con el exdirigente municipal del PAN en León, Antonio Guerrro para atender a los pueblos indígenas.
Así que sin más foros de consulta en el panorama, sin duda alguna una primera tarea para Liz Esparza, es encontrarle cuadratura a una secretaría de derechos humanos, tan necesaria como compleja. Al final, el primer paso será darle credibilidad.