Ciudad de México, México.- La empresa española Iberdrola anunció el cierre de la venta de 12 centrales de ciclo combinado y un parque eólico al gobierno de México por un total aproximado de 6,200 millones de dólares.
Estos activos, que suman una capacidad de 8,539 megavatios, fueron adquiridos por el Mexico Infrastructure Partners FF, un fideicomiso creado por la administración actual para realizar esta operación.
La transacción, autorizada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México, se llevó a cabo a través de Banco Actinver, que actúa como fiduciario bajo el Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 5561, administrado por Mexico Infrastructure Partners FF.
El acuerdo, firmado el 4 de abril de 2023 entre Iberdrola México y México Infrastructure Partners FF, marca un hito en la relación entre empresas extranjeras y el gobierno mexicano en el sector energético.
Hubo una condición
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta operación es un paso clave para fortalecer a los productores estatales de energía y debilitar las reformas proempresariales en el sector de la generación eléctrica aprobadas por el gobierno anterior.
La venta de estos activos ha generado preocupación entre las empresas internacionales por las intervenciones estatistas del presidente en la economía. El regulador antimonopolio del país aprobó la operación, con la condición de que los activos energéticos se operen de forma independiente, limitando la participación del gobierno al 51% y requiriendo que un administrador independiente esté a cargo de las operaciones.
Con esta transacción, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá una participación en el mercado eléctrico nacional superior al 55%, por lo que se tendrán que hacer ajustes para que la cuota de mercado de la empresa se limite al 51%, como lo condicionó la Cofece. La Secretaría de Hacienda de México ha asegurado que esta operación permitirá al gobierno convertirse en líder en el sector de la generación eléctrica del país sin afectar la competencia.
López Obrador ha defendido el acuerdo, afirmando que es un 30% más barato que construir nueva capacidad de generación eléctrica desde cero. Sin embargo, algunos analistas han sugerido que sería más beneficioso invertir en proyectos renovables para cumplir con los compromisos climáticos de la nación.
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