Guanajuato, México.- Más de 20 organizaciones de la sociedad civil y colectivos emitieron un mensaje reprochando a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo la opacidad y falta de diálogo con buscadoras y líderes migrantes.
Acusaron que la reestructura del nuevo gobierno degradara a la Secretaría del Migrante a subsecretaría pero “en el proceso se dejó afuera a las organizaciones civiles que trabajan el tema de la migración en el estado”.
El documento destaca que Guanajuato recibió 108 mil millones de pesos en remesas en 2023, más que ningún otro estado, algo que podría repetirse este 2024 o por lo menos “quedar entre las primeras tres entidades receptoras” con Michoacán y Jalisco. La cantidad que se envía es casi igual al presupuesto anual del estado.
En este sentido reprocharon la falta de reciprocidad en la defensa de derechos de personas migrantes o con la seguridad en los caminos de rutas migratorias.
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Incluso, Evelina Guzmán, presidenta del Colectivo Justicia y Esperanza, acusó que desde la creación de la Secretaría del Migrante, esta ha tenido una “función cosmética, para aparentar” con este sector por su peso económico, pero sin preocuparse por su seguridad o por los desaparecidos en el camino.
‘Se violó derecho a participación en políticas’
En este sentido también recordaron la recomendación del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para que México promueva la participación de familiares de personas migrantes desaparecidas en temas como definición de políticas y estrategias. De igual modo, la Ley General de Víctimas reconoce este derecho.
Es por todo lo anterior que el proceso debió ir “acompañado de un diálogo real y profundo con familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil sobre las implicaciones tanto para personas migrantes, como para personas migrantes desaparecidas y sus familias”.
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Piden medidas reales y diálogo
Ahora exigen saber qué hará la nueva Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría del Migrante para prevenir agresiones en contra de los colectivos y las familias de migrantes desaparecidos.
Insistieron en que la gobernadora electa valore los objetivos reales junto a organizaciones y colectivos para crear una política pública estatal que analice y combata las razones detrás de la migración y garantice que esta se realice de forma segura.
Además pidieron “trabajar en convenios con otros gobiernos estatales y el federal para garantizar las condiciones de la movilidad humana, con estricto apego y respeto a los derechos humanos de las personas (sin importar su nacionalidad); creación y seguimiento de acuerdos transnacionales en materia de salud, trabajo, educación y seguridad que beneficien a la población migrante que se encuentre en Estados Unidos”.
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