Guanajuato, Guanajuato.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales tiene 112 pendientes, de los cuales 32 son reformas constitucionales, 28 son de diversas leyes, 47 se refieren a la Ley Orgánica del Congreso y 12 puntos de acuerdos. Las reformas constitucionales federales como el caso de la reforma al poder judicial el de Guardia Nacional y el de los pueblos indígenas y afrodescendientes, aún falta que se discutan en Guanajuato
Entre los asuntos que le toca abordar se encuentran las iniciativas de ley o modificaciones, relacionadas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; los referentes a las leyes reglamentarias u orgánicas que deriven de alguna disposición de la Constitución Política local o federal y que expresamente autorice a la legislatura regular; lo relativo al conocimiento de la licencia de diputados y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y los demás servidores públicos que establezca la Constitución Política local; los referentes a la aprobación del Presupuesto General de Egresos; lo referente a la ratificación de nombramiento del titular de la Secretaría del Poder Ejecutivo con atribuciones de control interno; entre otros.
Además de dar cuenta con el informe de los pendientes legislativos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura se radicaron seis propuestas legales.
Se trata de tres iniciativas de reforma a la Constitución Política local en materia de derecho a la ciudad; reconocer a nivel constitucional a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y para derogar que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; así como dos minutas proyecto de decreto por las que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; y de Guardia Nacional, remitidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

De igual manera, la propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, a realizar las acciones necesarias e indispensables para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que se cumpla a cabalidad con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que este sea deliberativo y democrático y se sigan los objetivos y criterios que establece la Ley de Planeación.
Finalmente, se dio cuenta con el dictamen remitido por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, suscrito por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, de la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, que remite la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
El congresista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión, propuso que exista un secretariado técnico en donde la Secretaría Técnica, junto con los asesores de los diferentes grupos legislativos puedan ir revisando documentos y pendientes. Además, habló sobre algunas fechas que se tienen que considerar en el trabajo legislativo al ser plazos legales que deben cumplir.
El ex senador y ex gobernador de Guanajuato, dijo que el caso de la reforma al poder judicial, el de los pueblos indígenas y el de la Guardia nacional, detalló que aunque ya están aprobadas, es importante que se procesen para la historia.
“Nosotros vamos a proponer que se discutan. No podemos pre juzgar la votación; ya está promulgada, pero también hay acciones legales, hay una controversia constitucional que turnó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hay procesos que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no puedo prejuzgar lo que va a ocurrir”.
Señaló que en éste momento tienen un mandato que vence el 14 de marzo de 2025 “y es muy importante la discusión porque eso va a ayudar a lo que piensan los guanajuatenses para la eventual reforma al poder judicial local”.
Juan Carlos Romero Hicks dijo que la controversia constitucional es una de las acciones que se pueden hacer, otra es la acción de inconstitucionalidad, que pueden hacer los tercios de la cámara de diputados y la cámara de senadores, “pero por la sobre representación que hay en la cámara de diputados, ya no puede haber acción de inconstitucionalidad”.
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