Guanajuato, México.- Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La diputada Plásida Calzada Velázquez habló sobre cómo habían sido tratados los pueblos y comunidades indígenas a lo largo de la historia. Enfatizó que la República fue incapaz de generar coexistencia digna e igualitaria para todos sus pueblos, que al triunfo de la revolución, aunque se expandieron distintos derechos sociales, la parte indígena se atendió de forma indirecta.
La legisladora de origen indígena señaló que la política post-revolucionaria en materia indígena buscó garantizar algunos de sus derechos sociales a costa de sus derechos culturales. Dijo que fue una política de desarrollo asistencialista, pero etnocida, orientada a la desaparición de las culturas indígenas.
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Calzada Velázquez argumentó que durante el periodo neoliberal, al igual que en todas las materias, la política indígena no sólo mantuvo el carácter de acumulación y asimilación de las identidades indígenas y afromexicanas, sino que también perdió su carácter social.
Destacó que la autonomía indígena ha tenido que existir en resistencia, mediante procesos sociales que han logrado materializarse en mayor o menor medida en sede jurisdiccional.
¿Qué pretende esta iniciativa?
Plásida Calzada subrayó que el gobierno de la cuarta transformación ha incorporado la agenda de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de forma relevante, ya que tienen claro que sin derechos no hay desarrollo posible, y sin los pueblos indígenas y afromexicanos, no hay República verdadera.
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Aseguró que con esta propuesta se armoniza la definición de pueblos indígenas, así como de pueblos y comunidades afromexicanas de acuerdo con la norma constitucional; se garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación en la toma de decisiones, así como en el desarrollo de sus pueblos y comunidades en condiciones de igualdad; se garantizan los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas a la propiedad y posesión de la tierra y a la educación; se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que garantiza el ejercicio de sus derechos colectivos; se establece la obligación del Estado y los municipios para garantizar la educación indígena, intercultural y plurilingüe; entre otras.
La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará y dictaminará la propuesta.
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