1 – Feminicidios: cambio de paradigma, adiós al maquillaje
El mensaje en la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario que dará seguimiento a la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres parece marcar un cambio de paradigma en Guanajuato, con el reconocimiento de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo de que todos los asesinatos de mujeres deben tratarse como feminicidio, una posición que rompe con dos sexenios en los que el gobierno local se preocupó más en negar la realidad y maquillar los indicadores.
Y es que resulta incomprensible que Guanajuato haya liderado todos los conteos de mujeres asesinadas en el último lustro en el país, incluido el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y todos esos años permaneciera entre los estados con menos feminicidios en el país.
Se trató de una decisión tomada en las pasadas administraciones, en claro contubernio con la Fiscalía General del Estado -desde que era procuraduría-, para tratar de matizar lo que sucedía en Guanajuato y poder presumir que, pese a la terrible ola de violencia, al menos en materia de feminicidios no estábamos tan mal.
“Afortunadamente somos de los que menos feminicidios reporta a nivel nacional”, llegó a presumir el exsecretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, en 2022, hasta con cierto dejo de orgullo por lo que a todas luces era una realidad distorsionada.
Un asomo a las estadísticas es suficiente para corroborarlo. En 2023, en Guanajuato hubo 378 homicidios dolosos de mujeres y se reportaron 26 feminicidios -apenas el 6.4 por ciento-. Este año el porcentaje es incluso menor: hasta septiembre se habían reportado 267 mujeres asesinadas y apenas 12 feminicidios -el 4.3 por ciento-.
¿Sabe cuántos reporta Morelos? Allí este año van 62 asesinatos de mujeres y suman 45 feminicidios, que equivalen el 42 por ciento de los casos, una prueba tácita de que allá sí existe una política firme de clasificarlos como tal.
La negación y cierto desdén por tratar con objetividad el fenómeno feminicida en Guanajuato fue uno de los motivos que llevaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a emitir la Alerta por Violencia de Género hace exactamente un mes. Que la alerta llegara el último día del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no fue una coincidencia, sino una negociación política para que el seguimiento quedara en manos del nuevo gobierno.
De ahí la trascendencia de la postura de la gobernadora Libia García al admitir que todo asesinato de una mujer es un feminicidio, hasta que las indagatorias arrojen que el crimen no estuvo relacionado con su condición de género.
Así lo dijo: “Estoy convencida de que así debe ser. Cuando se analice o investigue de parte de las fiscalías un homicidio, que se haga con un protocolo de feminicidio. Si en el trayecto de la investigación se tiene que cambiar el delito porque así lo amerita, entonces se puede reconfigurar (…) Porque muchos de estos que se clasifican como homicidios, en realidad son feminicidios”.
Son los aires revolucionarios del ‘nuevo comienzo’.
2 – Fidesseg: aún no acaba la historia
Habrá sanciones si existen irregularidades referentes al Fidesseg, advirtió la gobernadora Libia Dennisse García Muñoz Ledo.
Tras la controversial desaparición del fideicomiso, el Congreso local ordenó una auditoría y se determinó que los fondos correspondientes estarán a cargo del gobierno estatal.
La creación de un nuevo modelo, inserto en la Secretaría del Nuevo Comienzo, atrajo la atención de empresarios de León, Salamanca, Celaya, Irapuato y la capital, que pretenden crear un consejo donde tengan participación mayoritaria el sector privado y organizaciones civiles.
Libia Dennise enfatizó la necesidad de cambiar el anterior esquema para dar paso a más transparencia y colaboración de la ciudadanía. Dicha transparencia arrancará con los resultados que arroje la mencionada auditoría.
Arturo Romo Fernández, coordinador de la asociación ‘Actuando Guanajuato’, reconoció que el nuevo modelo garantizará un 20% en el ahorro de los recursos. Sin embargo, reiteró que hay proyectos que quedarán ‘en el limbo’. Mencionó entre ellos una inversión de 60 millones de pesos en el fortalecimiento de la seguridad, tan sólo de León. También quedaron en revisión la compra de ambulancias para Ocampo y Silao, y recursos para construir los Juzgados Cívicos de San Francisco del Rincón.
Romo sostiene que al menos de parte de su organización, no hubo despilfarro alguno en los 11 municipios que abarca su región.
A las quejas de organismos como ‘Actuando Guanajuato’ se han sumado, desde el anuncio de la desaparición del Fidesseg, las de muchos albergues infantiles, fundaciones que atienden a sectores vulnerables, programas que atienden a víctimas de violencia. Al análisis de cómo continuar amparando estas acciones, se agregarán las posibles anomalías que arroje la auditoría, y posteriormente las tocantes penalizaciones. Un arranque atropellado para uno de los cambios más promovidos por el nuevo gobierno.
3 – Celaya: en la búsqueda de nuevos conflictos
Al turbulento e improvisado arranque del trienio de Juan Miguel Ramírez Sánchez en Celaya ahora se suma el abrupto despido y posterior reinstalación de 15 elementos de Bomberos y Protección Civil, que confirman que un cambio de administración puede convertirse en una fuente de incertidumbre, en especial cuando se toman decisiones sin transparencia y justificación.
Aún no existe una versión clara sobre por qué, de manera sorpresiva y bajo el argumento de que es cambio de administración, los elementos -algunos con 20 años en la corporación- fueron despedidos desde del jueves de manera injustificada e incluso con la presencia de elementos de la Policía Municipal. Lo que debía ser un proceso de transición ordenado, de pronto se transformó en un episodio de tensiones, hostigamiento y señales de favoritismo político.
La falta de una explicación clara sobre el rol del nuevo subdirector de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, quien llega con antecedentes cuestionables, y la supuesta injerencia de un sobrino del Secretario Particular del alcalde en las decisiones laborales, proyectan un mensaje de opacidad que debilita fuertemente su credibilidad… y eso que apenas van llegando.
Es revelador que los regidores fueran expulsados de la reunión entre el alcalde Juan Miguel Ramírez y los bomberos, pues al excluirlos de un asunto de tal relevancia contradice el ideal de “puertas abiertas” y profundiza la percepción de que se privilegian ciertos intereses o que de plano hay un vulgar descontrol en la administración.
El movimiento fue tan mal planeado y ejecutado que, al final, tuvieron que cancelar los despidos y dejar todo como estaba. El regreso de los bomberos a sus puestos puede interpretarse como una victoria temporal de los trabajadores, pero no hay que confiarse: el nuevo gobierno en Celaya siempre deja abierta la puerta a nuevos conflictos.
CONTRA RETRATO
Claudia Silva Campos
La reelección de Claudia Silva Campos, alcaldesa de Acámbaro, no representó la continuidad que quizá esperaba. Pareciera que de pronto encabeza un municipio completamente distinto.
El jueves pasado despertó a los ciudadanos el estallido de un coche-bomba, justo frente a la Dirección de Seguridad Pública. El hecho se replicó en la ciudad de Jerécuaro. Tras los ataques se logró la detención en Acámbaro de tres hombres, vinculados a un grupo criminal de Jalisco. El caso está en manos de la Fiscalía General de la República.
Ayer, Juan Mauro González, secretario de Seguridad del estado, reveló que Claudia Silva recibió amenazas el día de los disturbios. Sin brindar mayores detalles, garantizó que la alcaldesa recibirá acompañamiento.
“Es un tema que no estaba en mis manos”, reconoció la presidenta municipal en rueda de prensa, “es un tema que desgraciadamente nadie lo esperábamos”. Informó que desde el jueves arribaron a Acámbaro 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y pidió a la población mantener la calma y confianza en la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Sus declaraciones se centraron en el respaldo recibido por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como en el apoyo que recibirán los propietarios de los nueve inmuebles y siete vehículos afectados por la explosión.
“Tenemos fe”, manifestó Silva Campos, serena ante los medios de comunicación. Sin embargo, este episodio marca un parteaguas en su administración, que podría cambiar sus planes para el municipio que lidera.