1.- Para los muertos que no habrá justicia
De los 2 mil 581 homicidios en Guanajuato durante 2023, es altamente probable que 2 mil 386 no se resuelvan. Sí, son demoledoras las cifras y también son desesperanzadoras, adjetivos propios de la violencia en el estado.
Entrará en discusión si un muy alto porcentaje de estas cifras, que son personas, están o no relacionados a la criminalidad en Guanajuato: “andaban en algo”, comúnmente se dice. Volvamos al punto inicial, la alta impunidad del 92.4% en los homicidios en el estado que reporta la organización México Evalúa.
Peor suerte tendrán a los que mataron y sus asesinatos no llenaron portadas de periódicos o abrieron noticieros locales o nacionales.
Guanajuato ocupa el noveno sitio en el porcentaje de impunidad en este delito. El de atrás o el de al lado está peor, se podrá decir, como argumento que cualquiera podría usar, hasta las autoridades.
Lo reportado por México Evalúa muestra un retroceso en la entidad en la procuración e impartición de justicia.
Carlos Zamarripa Aguirre lo presumió como uno de sus logros al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La entidad en el séptimo lugar en el ranking de capacidad institucional durante el 2022, su mejor periodo. En solo un año cayó a la décima posición, el mismo sitio que ocupaba en 2019, cuando se convirtió en fiscal general bajo en beneplácito de la bancada panista.
Si bien el índice incluye indicadores de los órganos de coordinación y el poder judicial, la Fiscalía muestra un atraso. El lugar 16 en cantidad de peritos por cada 100 mil habitantes, solo 7.3 peritos. Más grave aún, la posición 31 por número de agentes por cada 100 mil habitantes.
En la atención también se retrocedió. La institución de Carlos Zamarripa Aguirre pasó del séptimo al octavo lugar en agencias por cada 100 mil habitantes con 4.8. El estado de Tamaulipas y Jalisco desplazaron al estado.
Por montones se acumulan las carpetas de investigación, cuadriplicando lo que ocurre en otros estados. Mientras el promedio nacional en 2023 fue de 310 carpetas de investigación por fiscal. En la Fiscalía de Zamarripa Aguirre el promedio de carpetas de investigación por cada fiscal o agente del ministerio público es de mil 314.2.
“Las fiscalías enfrentan cargas de trabajo particularmente altas, con un promedio nacional de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, un aumento notable desde las 181 en 2022. Algunos estados, como Campeche y Guanajuato, muestran cargas excepcionalmente altas”, recoge el informe.
La mala imagen del fiscal, que sirvió como botín político, también se sustenta en la falta de respuestas a la ciudadanía. En 2023 el 58% de las determinaciones del Ministerio Público fue de no ejercicio de la acción penal. Otro 35.3% fue de archivo temporal.
Aunque dicha falta de acción o archivo estará debidamente justificada por la falta de materia, o no, se advierte la ausencia de empatía, la capacidad de ver al otro.
“Si bien en estos supuestos la investigación de delitos y el proceso penal quedan sin materia, un análisis del tipo de casos en los que se determina el no ejercicio de la acción penal, así como del seguimiento a la canalización de las personas denunciantes y víctimas que potencialmente podrían ser atendidas por otras instituciones, abriría la oportunidad de generar políticas de articulación de esfuerzos que mitiguen la percepción de impunidad del sistema de justicia”, ve México Evalúa como ruta.
2.- Hasta en las mejores familias
El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, corrió a Araceli Morales Mancera de la Oficialía Mayor, que no completó ni el mes en el cargo.
Ella intentó ser la candidata de Morena tras el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez y tras la determinación de Morena de que fuera Ramírez Sánchez, decidió sumarse al proyecto. Por lo que sus cercanos ya ven esto como una traición y que llegó muy rápido.
El alcalde le echó la culpa del despido de bomberos y elementos de Protección, que derivó en una protesta y su final restitución. En el radio pasillo se dice que la decisión en realidad fue del presidente municipal. Dicen que también le tenía recelo por su negativa a contratar a un despacho para correr a los “fedepales”.
Y no es que el presidente le tuviera que pedir permiso, pero ella sí tenía voz en los asuntos, se supone que desde su cargo se debía velar por garantizar un gobierno eficiente.
El despido escaló a tal nivel que hasta el hermano del alcalde salió en defensa de la ahora exfuncionaria, pues resulta que su pareja… o sea cuñada del Juan Miguel. Su hermano José Luis lo acusó de violencia de género y lo hizo responsable de cualquier acto de violencia en contra de ella y de él.
“Ha enfrentado con éxito el desorden, la inoperancia y el golpeteo de personajes que han llegado sin mayor capacidad a ocupar cargos públicos en la presente administración”, dijo en respaldó a quien fuera precandidata morenista.
A casi de un mes de iniciado del gobierno municipal en Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez brilla más por sus decisiones cuestionables y temprano vitoreo de una baja de homicidios, que por mostrar dotes de gobernante.
3.- Beneficio de la duda: de testigos a despliegue de operativos
“Estoy en la Salamanca-Celaya. Me quisieron ‘tumbar’, pero se los dejé ir”, dice un conductor de un tráiler mientras avanza y en su parabrisas hay un orificio provocado por una bala.
Encerrados en el camarote de un tráiler estaban un hombre y una mujer. Minutos antes en la carretera Querétaro-San Luis Potosí los privaron de su libertad junto con una carga millonaria de 30 toneladas de chocolate.
Estas escenas ocurrieron en julio y octubre, respectivamente; les precedieron decenas de asaltos y les siguieron también.
La inseguridad y violencia en carreteras colocó a la entidad entre los focos rojos para los llamados “hombres-camión”. Donde lo mismo se roban abarrotes y maquinaría, dejando una estela de pérdidas millonarias.
Ahora irán juntos, tanto elementos estatales y federales realizarán operativos y ya no solo vigilancia. La reunión se dio el pasado 29 de octubre y la convocó el general Rogelio García Pérez, coordinador de la Guardia Nacional.
De acuerdo con quienes ahí estuvieron se busca replicar los operativos que se han hecho en la carretera León a Lagos de Moreno y que se han calificado de exitosos.
En este encuentro, que se busca se realice cada mes, se dejó claro que son prioridad algunos puntos: Irapuato a Abasolo, las carreteras en los Apaseos y la carretera federal 57, en el tramo que lleva a San Luis Potosí.
Felices salieron líderes del sector transportista y es que se les dijo que habrá comunicación con mandos federales en estados vecinos, pues se sabe que varias bandas operan en los límites entre entidades para entorpecer el trabajo de autoridades.
CONTRA RETRATO
Eduardo Maldonado García
La ambición le pasó factura y se quedó chiflando en la loma. Ninguno de sus movimientos le resultó. Se tuvo que conformar con regresar al Conalep, donde le tuvieron que hacer un hueco, corriendo a quien consiguió el puesto por concurso.
La bola de nieve del secuestro de más de una veintena de migrantes en San Luis Potosí y que salieron de San Felipe, provocó la pérdida de confianza de liderazgos políticos en el Partido Verde. La torpeza para afrontar la crisis lo sentenciaron.
Eduardo Maldonado García estuvo cerca de llegar al Congreso del Estado de Guanajuato y aunque sin el apoyo de quienes lo ungieron para ser alcalde dos trienios, lo que lo dejó fuera, fue la ignorancia o excesiva confianza de no pedir licencia al cargo 90 días antes de la elección.
Ahora la presidenta municipal panista de San Felipe, Saraí Lepe Monjaras, informó que detectaron 10 “aviadores” que cobraban en la pasada administración, la de “Lalo”, pero no iban a trabajar. Y que faltan más.
No cabe duda que el devenir del expresidente de San Felipe ha acumulado una serie de eventos desafortunados..