Celaya, Guanajuato.- Nuevamente, la contratación de un bufete de abogados de León para despedir a los ex policías de extracción federal, conocidos como “Fedepales”, fue tema de discusión en la Sesión de Ayuntamiento. Durante una hora, los regidores panistas se enfrentaron a los morenistas debido a la aprobación de un gasto de 6 millones 451 mil 200 pesos para el pago de este despacho.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y la oficial mayor Mireya Villagómez Molina se han negado a informar cuánto se gastará exactamente en la contratación del despacho jurídico, el nombre de la empresa o los abogados, y los motivos de la contratación.
En la Sesión de Ayuntamiento del viernes, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la síndica Lucina Balderas, puso a votación el “traspaso de recursos presupuestales”, pero omitió informar la cantidad destinada. Los 6.4 millones de pesos serán utilizados para “la contratación de servicios legales en materia laboral, análisis, asesoría, atención y seguimiento de personal de la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, así como la ratificación de contratos ante notario público”.
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La fracción del PAN en el Ayuntamiento reclamó que no había necesidad de contratar abogados externos, menos aún de otro municipio ajeno a Celaya, ya que el despido de 360 ex policías “Fedepales” podría ser realizado por la Oficialía Mayor.
El coordinador de la fracción del PAN, el regidor Carlos Ruiz, cuestionó el pago de 13 mil 929 pesos por cada “Fedepal” despedido, más 4 mil pesos por la ratificación del contrato ante notario público, lo que suma 17 mil 929 pesos por trámite. Multiplicado por los 360 ex policías, el gasto asciende a 6 millones 451 mil pesos.
“Solicito cordura y mesura a mis compañeros. No es correcto pagar 13 mil 929 pesos por entregar un documento y 4 mil por ratificación ante notario, cuando notarios locales cobran 200 pesos por este concepto”, afirmó Ruiz.
El regidor recordó que, según la oficial mayor en funciones, el personal de su dependencia ya realizaba el trámite de finiquito y solo entregaba los documentos a los abogados para recabar las firmas.
Incluso, la ex oficial mayor Araceli Morales denunció que, durante su gestión, se logró despedir a 183 ex policías federales de forma pacífica, desarticulando dos amotinamientos previstos por su inconformidad. Sin embargo, tras su despido, el alcalde contrató un despacho de abogados para ejecutar procedimientos ya realizados por su equipo.
En la sesión, el alcalde justificó la contratación del bufete externo para reducir riesgos de demandas laborales y denunció que un abogado local organiza a empleados despedidos para demandar al municipio.
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“No hay necesidad de contratar abogados de León, el recurso público es celayense y debe quedarse en Celaya”, respondió el regidor Carlos Ruiz.
El coordinador de la fracción de Morena, Adrián Caracheo, defendió la decisión y cuestionó que los panistas no criticaran contrataciones similares en administraciones pasadas.
El regidor morenista Miguel Villanueva argumentó que contratar abogados foráneos protege la seguridad de los litigantes locales debido a los riesgos asociados con despedir a policías municipales.
Al final, el traspaso de recursos fue aprobado por mayoría, con votos en contra del PAN y la regidora del PVEM, Cristina González. El costo total de los finiquitos, que inicialmente se estimó en 30 millones de pesos, ascendió a 42.9 millones tras la aprobación de recursos adicionales.
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