1.- Delincuencia busca ejercer mayor control en Celaya
Las convulsiones en el municipio de Celaya no se detienen: una corporación de seguridad bajo ataque permanente del crimen organizado, que busca hacerse del control de instituciones para establecer sus reglas.
Esta semana mataron a Roberto Carlos, un expolicía que se actualizaba en el Instituto de Formación Policial (Infopol) para reintegrarse a la corporación. Ahora su director, Jorge Acuña Dávalos, libró un ataque armado que tenía un objetivo: ejecutarlo.
El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, asegura que se debe a los resultados que han dado, como si en realidad en el mes y 12 días que lleva al frente de la administración fueran espacio suficiente para presumir avances permanentes en el combate a la delincuencia. El edil recurre a un discurso gastado, con el que parece solo autoengañarse.
“En un principio a mí me pidieron que les entregara ciertas direcciones y a las direcciones que se nos pedía, en un principio hace meses, obviamente nosotros nunca lo aceptaríamos, ni lo aceptamos. Nos pedía el crimen organizado y nosotros determinar a todas esas direcciones, son varias direcciones del gabinete”, declaró Juan Miguel Ramírez Sánchez.
Siguiendo los propios dichos del alcalde, el ataque respondería más a esa exigencia, no petición, de ceder espacios del gobierno a agrupaciones criminales. Control total de las fuerzas del orden público: el Infopol, Fiscalización, Tránsito, C4 y Protección Civil. Las declaraciones del presidente municipal confirman aún más el poder de agrupaciones del crimen organizado y el ambiente de impunidad en la que se desarrollan, llegando al grado de “negociar” direcciones para consolidar una gobernanza criminal, no solo con la finalidad de aumentar su impunidad, sino de capacidad de enfrentar a agrupaciones contrarias.
Lo que declara Juan Miguel Ramírez Sánchez no únicamente da muestra de la debacle de la seguridad en Celaya, también exponen a los suyos, entiéndase por su gabinete y funcionarios de seguridad, a represalias por estos grupos. En momentos en los que se habla de trabajo de inteligencia y colaboración por el gobierno estatal y federal, el morenista se va por la libre. No todos están protegidos de manera permanente por elementos de la Guardia Nacional.
Es sabida la renuencia del presidente municipal a tener diálogo pleno y coordinación con el gobierno estatal, presumiendo que hay línea directa con la federación. Las ínfulas de soberbia y posterior victimización política, aludiendo a los colores de partido, a nadie convienen, menos al gobierno de Celaya que va rumbo al precipicio, sino es que ya está ahí desde hace mucho.
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2.- Viene nuevo impuesto a autos de lujo
Entre las novedades del Paquete Fiscal de Guanajuato para 2025 presentado por el gobierno del estado, se encuentra un aumento al Impuesto de Tenencia sobre los autos de lujo. Para el 2025 la exención del pago será con un tope de 450 mil pesos. El monto máximo irá disminuyendo 50 mil pesos cada año, hasta que en 2029 sea de 250 mil pesos. El impuesto será sobre el excedente al límite y no sobre el valor total. Solo quedan libres de pago unidades de emergencia, servicios de transporte público y servicios diplomáticos.
“Se proponen ajustes mínimos a la normativa tributaria de la entidad, lo que nos permitirá contar con mayores ingresos sin afectar a la población de menores recursos”, justificó la gobernadora.
En realidad, los nuevos ingresos por este concepto serán menores, apenas 35 millones de pesos en 2025, de acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Finanzas. La cantidad supera una tercera parte de lo que se busca destinar en becas, cuyo monto es de 90 millones de pesos para el próximo año.
El impuesto que se podría considerar discreto dará de qué hablar y pondrá a trabajar a la autoridad recaudadora estatal, pues, aunque no serían cobros draconianos, habrá quienes busquen evadirlo con el emplacamiento en otros estados, como Jalisco, donde ya no existe el impuesto de tenencia. Aunque guardando sus justas dimensiones, un ejemplo de ello es lo que ocurre en Ciudad de México.
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3.- Punto Legal: justicia que no es justicia
Víctimas de la red de fraudes inmobiliarios del despacho Punto Legal ven como la justicia se diluye. Este viernes en la sala 5 del Juzgado de Oralidad Penal sus esperanzan recibieron una estocada. El señalado, Édgar Francisco, fue condenado por fraude en perjuicio de 15 víctimas.
Aunque suena a una buena noticia, el que se le haya procesado por delito continuado, en realidad abre una puerta a que se le emita solo una condena y pase unos años en prisión, sin que esto represente una reparación del daño a más 360 personas que los acusan por un monto estimado en 130 millones de pesos.
Justicia que no es justicia, es como lo observan las víctimas que se dicen dolidas del tibio actuar de la Fiscalía General del Estado para presentar un caso fuerte dado el nivel de complejidad de la red y las consideraciones que, acusan, ha tenido el Poder Judicial de Guanajuato con Édgar Francisco.
El próximo viernes se emite la sentencia, pero ya este 22 de noviembre se dio un adelantó de lo que ocurrirá con las 11 causas penales pendientes en las que se le señala a Édgar Francisco, y que marca un final oscuro para los defraudados que denunciaron por los medios que tuvieron a su alcance la impunidad y el abandono.
“Hay personas que han muerto de infartos, del coraje de todo este proceso, de ver que ya no tuvieron su dinero. O que fueron a alegar con este señor a sus despachos, cuando todavía estaba ahí y del coraje que tuvieron llegaban a sus casas y a los dos tres días tuvieron infartos”, narró una de las víctimas, que forma parte del grupo de decenas que perdieron ahorros, su salud, se amarraron a deudas, vieron fracturadas sus familias y se quedaron en la calle.
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Contra Retrato
Salvador Martínez Abud
Solo 42 días duró al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Silao. Sin más, el gobierno municipal liderado por la panista Melanie Murillo Chávez anunció este viernes que recibió su renuncia.
Se fue por motivos personales según se sostuvo en un comunicado y en el interior se asegura que la salida se da en excelentes términos. Martínez Abud llegó de Celaya tras ser director de Fiscalización y donde su salida en septiembre pasado fue similar, sin mayores explicaciones por parte del gobierno municipal. Únicamente se informó que sería integrado como policía primero, aunque con un sueldo menor. Mejores condiciones laborales y salariales se dieron con su arribo a Silao.
Una de las interrogantes es si se va por un mejor ofrecimiento, pues el también exfederal trabajó bajo las órdenes de otro exfederal que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta. Este último fue rescatado por el “Gobierno de la Gente” como el nuevo comisario de la Policía Estatal de Caminos. Seguro le hará algún lugar, como ya se hizo costumbre entre el selecto grupo de exmandos federales.
Por lo pronto, la presidenta municipal Melanie Murillo Chávez anunció que como encargado de despacho se queda Juan José Segoviano, policía municipal con amplia experiencia en la corporación y que pronto comenzó reuniones con comités vecinales, a los que es ampliamente más cercano en comparación a Martínez Abud.