El pasado jueves 28 de noviembre, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor y 42 en contra (la Cámara de diputados habría hecho lo propio el 20 de noviembre con 347 votos a favor y 128 en contra) la reforma constitucional que desaparece a siete organismos autónomos, esperando ser ratificada por el menos 17 legislaturas locales, de las cuáles al menos ocho (Colima, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, Sonora, Zacatecas y la CDMX), hasta el momento de escribir esta columna, habrían dado ya su aval a esta reforma.
Una vez que nueve congresos locales más ratifiquen su voto a favor, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), desaparecerán, siendo sus funciones asumidas por la nueva Secretaría Anticorrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La creación de organismos autónomos con rango constitucional en nuestro país comenzó a experimentarse en la década de los 90’s, exceptuando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuya autonomía constitucional la obtuviera en 1983, siendo el primero el Banco de México en 1993, incorporándose en 1996 el entonces Instituto Federal Electoral -IFE- (hoy INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 1999, como órganos pioneros constitutivos de lo que podríamos llamar la primera generación, siendo parte de la segunda generación el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (INEGI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros.
Los órganos constitucionales autónomos son órganos públicos especializados en su área que mantienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales sin encontrarse subordinadamente a alguno de ellos, no guiados por intereses partidistas o situaciones coyunturales, con estricto apego a la legalidad, creados por la necesidad de limitar los excesos en que incurrieron los poderes y autoridades tradicionales, condición que generara la pérdida de legitimidad social expresada en desconfianza institucional, y con ello la disminución de la credibilidad gubernamental enmarcada por la complejidad creciente de la administración pública y de las tareas a su cargo, requiriendo de funcionarios altamente capacitados y sin afiliación partidista o funcional (al menos formalmente) y grupos fácticos, que no pudieran ser removidos por las demás autoridades de forma arbitraria e inconsulta, otorgándoles con ello una autonomía decisoria destacada, misma que se expresa en la capacidad de emitir regulaciones propias hacia la sociedad y sectores específicos vinculados con su actuación, y a su propio interior, contando con la posibilidad de autoorganizarse de la forma más adecuada para cumplir sus fines específicos.
Dado el desprestigio mencionado líneas arriba, se encuentran primordialmente encargados de fiscalizar, coordinar y controlar instituciones para evitar la violación a los preceptos constitucionales, siendo también considerados, una vía para conciliar la democracia de partidos, de los poderes tradicionales y grupos económicos y sociales. A pesar de ello, otras voces se han manifestado en torno a su mantenimiento, dado que el mismo genera un impacto presupuestario importante, generando un uso más racional de los recursos públicos, no estar sujetos a intereses particulares o facciosos, así como el que sus labores no han beneficiado ni a las instituciones objeto de sus funciones ni a la sociedad de forma eficaz y eficiente.
Si bien la desaparición de los organismos autónomos forma parte del paquete de 20 reformas propuestas por el ex presidente López Obrador, debió haberse llevado una discusión más amplia acerca de su desaparición que pudiera ofrecer diagnósticos precisos acerca de sus responsabilidades, gestión y resultados que posibilitara llevar a cabo procesos de corrección, adecuación, o en su caso, desaparición, involucrando a distintos sectores (especializados, detractores, usuarios, observadores) para su valoración.
Un tema por demás polémico dados los diferentes escenarios que diversos actores han expresado tanto a favor como en contra. Lo cierto es que los efectos de dichas medidas, buenos o malos, los experimentaremos todos en el futuro cercano.
Los seguiremos y analizaremos de cerca.