El pasado jueves 11 tuve la oportunidad de asistir, en calidad de asesor de tesis, al examen profesional de licenciatura de dos jóvenes promesas de la carrera de Inteligencia estratégica, mismos que presentaron dos temas que me parecen de las más alta relevancia, y de los cuáles me gustaría compartir algunas reflexiones acerca de los mismos, ya que frecuentemente se dan por hecho o pasamos por alto, producto de la singularidad en que nos encontramos en temas de seguridad y salud pública, donde hemos llegado a normalizar diversas conductas y actos ajenos a la normatividad aplicable: el tráfico de armas y la regulación sobre el consumo de estupefacientes.
En el primer caso, compartir frontera con nuestro vecino, los Estados Unidos de Norteamérica, país que cuenta con una regulación laxa en cuanto a la adquisición, posesión y utilización de armas de fuego en su territorio, considerándolas como un derecho para su población, ha generado una suerte de problemas en nuestro país debido a que su posesión en nuestro territorio se encuentra prohibida, salvo casos excepcionales (porcentaje mínimo, que raya en lo insignificante, de población civil) que puedan cumplir con los estrictos controles y medidas que impone la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), provocando una alta demanda de armamento y pertrechos a través del mercado negro, el cual, contrario a lo que podría pensarse, ha propiciado, con gran facilidad, el hacerse de un arma de fuego, traficándolas a nuestro territorio por diversos medios, siendo el más recurrente el terrestre. En este sentido, los grupos criminales que llevan a cabo esta actividad, lo han llevado a cabo por medio de diversas alternativas, tales como: la amplia infraestructura carretera en ambos países, escondiéndolas de diversas formas; al contar con una franja fronteriza tan amplia en el norte, son traficadas utilizando diversos medios (brechas, cruces por el río, túneles, utilización de drones, etc.); por vía humana, es decir, tráfico hormiga que puede darse en automóviles o las mismas personas (burreros, en este caso de armas) que van y vienen entre ambos territorios portando piezas, municiones, cargadores, etc., rearmándolas después a su ingreso, siendo los sujetos más recurrentes para ellos mujeres, personas de la tercera edad y niños, quienes generalmente no son objeto de experimentar revisiones tan exhaustivas.
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Otro gran problema es que el tráfico de armas se encuentra relacionado con todas las formas de delincuencia organizada, y en gran medida de la delincuencia común, utilizándolas no sólo como artículo de tráfico, sino también como expresión de poder o forma optativa de pago a cambio de otro tipo de mercancías o conductas ilegales, por ejemplo el tráfico de drogas o de personas, así como alimentar la capacidad de fuego de diferentes grupos o expresiones ideológicas extremas como el terrorismo, actores que no sólo operan mediante la utilización de armas convencionales y explosivos, sino que incluso podrían llegar a hacerse de armas con capacidad nuclear, las cuáles también pueden ser objeto de ser traficadas. Así, todo ello ha contribuido a generar condiciones de inestabilidad regional, la cual se agrava en diferentes grados y en determinadas zonas impulsando un escalamiento de la violencia y la inseguridad.
Por tanto, el problema del tráfico de armas ha adquirido dimensiones que resultan muy complicadas de tratar de manera unilateral, ya que tiene ramificaciones y consecuencias de alcance global, siendo por tanto necesario la cooperación y el intercambio de información internacional, necesario para el combate estratégico y transversal del problema. Si bien es cierto que la mayor procedencia de armas de fuego tiene como origen a los Estados Unidos, con un aproximado del 70%, países como España, Italia, Bélgica, Francia y Austria representan (en términos generales) el otro 30% de la oferta de armamento bélico en nuestro país.
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Como consecuencia de lo anterior, cada año se cometen miles de homicidios por arma de fuego que ingresan de manera clandestina a nuestro país, amparadas por actos de corrupción, impunidad y complicidad de diversas autoridades con organizaciones del crimen organizado para la consecución de diversas actividades delictivas, que van, desde el tráfico de estupefacientes, personas, diversos bienes, entre muchos otros, hasta delitos relacionados con el crimen callejero, asalto a negocio, casa habitación, robo de autos u homicidios, tanto dolosos como culposos, entre otros.
El tráfico de armas, además de ser un vehículo para la consecución de actos delictivos, también se ha convertido, irónicamente, en un medio para hacerles frente, por lo que cada vez más ciudadanos han adquirido armas de fuego para su defensa, tanto de manera individual como colectiva (por ejemplo, grupos de autodefensa) con calibres mayores a aquellos establecidos por la Defensa, siendo el .380 el máximo permitido por esta institución.
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Sin duda un tema, con muchas aristas y que no puede ser abordado en su totalidad en este espacio, pero que debe llevarnos a reflexionar sobre el mismo, debiendo mantenerse como un foco rojo dentro de la agenda nacional de riesgos, puesto que tiene repercusiones importantes en el terreno de la seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.
Desde este espacio felicito al novel licenciado Gerardo Yáñez por mantener esta problemática en espacios de discusión académica, quedando pendiente, en la siguiente entrega, aquel acerca de la regulación sobre el consumo de estupefacientes.
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