1.- Política pública sin seguimiento termina en fracaso
Políticas públicas y programas sin mecanismos de seguimiento y análisis están destinados a fallar. Un ejemplo de ello es el programa “Mi Vivienda GTO Contigo Sí”, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) de la pasada administración, cuyo objetivo era ayudar a personas sin vivienda propia a adquirir una casa mediante subsidios.
Sin embargo, la estrategia no logró los resultados esperados. Según una revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en 2023, más de una tercera parte de las viviendas asignadas no están ocupadas por los beneficiarios. Muchas se encuentran abandonadas o en renta, lo que demuestra que quienes recibieron el apoyo no lo necesitaban realmente o solo buscaban ponerlas en alquiler. Esto contradice el objetivo central del programa: reducir la carencia de vivienda.
De acuerdo con las Reglas de Operación para 2023, firmadas por el entonces titular de la SEDESHU, Jesús Oviedo Herrera, la meta del programa era distribuir 60 millones de pesos en al menos 600 subsidios. Aunque se superó la meta, otorgando 649 apoyos, los resultados no pueden calificarse como exitosos.
Lo más preocupante es que desde las mismas instituciones se normalice o justifique la falta de efectividad. La SEDESHU, en términos prácticos, se desentiende de los resultados al no estar obligada a darles seguimiento. “No tenemos personal ni capacidad operativa para realizarlo, además de que las Reglas de Operación no estipulan que se deba corroborar”, respondió la dependencia ante la solicitud de la ASEG para informar sobre los mecanismos de seguimiento del impacto del programa.
Volviendo al punto inicial: sin seguimiento de los resultados, se incurre en el desperdicio de recursos públicos. Esto deriva en programas que aportan poco o nada, que únicamente sirven para lucirse en eventos públicos o como respuesta superficial ante cuestionamientos sobre problemáticas sociales, como en este caso, la vivienda de interés social.
2.- Apapachan a panista transportista en Juventino Rosas
En un contexto donde el aumento al pasaje en varios municipios ocupa la agenda mediática, vale la pena observar lo ocurrido en Juventino Rosas. Allí, el expresidente municipal panista, Fernando Gasca Almanza, dejó un “regalo” a un compañero de partido. Un mes antes de dejar el cargo, el 12 de septiembre, el Ayuntamiento aprobó un incremento de 2 pesos al pasaje.
Sin embargo, este aumento no fue general, sino que benefició exclusivamente a una empresa: Turismos Juventino Rosas S.A. de C.V., propiedad de Antonio Acosta Guerrero, exalcalde panista de Villagrán. Un conocido cercano, pues.
Desde el 30 de agosto se intentó lograr la aprobación del aumento, lo que generó molestias entre los regidores, quienes señalaron la falta de transparencia en el proceso, especialmente porque no se encontraba presente el regidor que promovió y avaló el aumento desde la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, el panista Rey David Rodríguez Aguilar. Ese día se argumentó que el incremento era necesario debido a las afectaciones económicas provocadas por la pandemia y los problemas operativos de la empresa, como el uso de unidades obsoletas.
Antonio Acosta Guerrero es un empresario transportista conocido en la región. En 2017, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) detectó un presunto desvío de recursos en Villagrán hacia una empresa de transporte también propiedad de Acosta Guerrero: Autobuses Urviabus S.A. de C.V.
La irregularidad se detectó en el ejercicio fiscal de 2015, cuando el gobierno municipal de Villagrán estaba encabezado por Rubén Villafuerte Gasca, del Partido Verde. Ese mismo año, Antonio Acosta Guerrero era candidato del PAN a la presidencia municipal, cargo que finalmente obtuvo. Tras las revelaciones, el panista negó los hechos y acusó al gobierno de Villafuerte Gasca de no integrar correctamente los expedientes correspondientes.
3.- Llamado a la paz desde Celaya
Este martes 10 de diciembre, en la Universidad Latina de México, en Celaya, se presentarán los resultados del Índice de Paz México 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. Entre los hallazgos destaca que Guanajuato es el cuarto estado menos pacífico del país, solo por detrás de Baja California, Zacatecas y Colima.
La presentación se llevará a cabo en Celaya para enfatizar el mensaje, ya que este municipio registra una de las tasas más altas de homicidios en todo el país. Según los resultados del Instituto para la Economía y la Paz, Celaya ocupa el duodécimo lugar nacional con 83.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
En el listado de las 30 ciudades con las tasas más altas de homicidios, Guanajuato encabeza el número de municipios incluidos, con un total de seis: Celaya, Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, León e Irapuato.
Además de la presentación de los resultados, se realizará la firma del “Compromiso por la Paz” con alcaldes del estado de Guanajuato. Este acto da continuidad a la estrategia de la Red por la Paz Guanajuato, cuyo objetivo es reducir los niveles de criminalidad en la entidad mediante acciones coordinadas de los gobiernos municipales. Como contexto, en mayo pasado, en Irapuato, las tres candidatas a la gubernatura firmaron un compromiso para trabajar, en caso de llegar al gobierno estatal, en la reducción de la violencia en el estado.
Este acuerdo por la paz se suscribe también en el marco del primer aniversario del asesinato de cinco estudiantes de medicina de la misma universidad, ocurrido el 3 de diciembre de 2023. Hasta ahora, únicamente se ha informado la detención de un presunto autor material, quien fue vinculado a proceso. Sin embargo, a un año de los hechos, los familiares de las víctimas han reprochado el lento avance en las investigaciones.
Contra Retrato
Claudia Cristina Villaseñor Aguilar
Finalmente, este domingo, el gobierno estatal cumplió su compromiso de entregar apoyos a los afectados por las explosiones de coches bomba en Jerécuaro y Acámbaro. Tuvieron que pasar 45 días para que los comerciantes recibieran esta ayuda, tiempo en el que trabajaron como pudieron para seguir pagando la renta de locales, muchos de los cuales aún presentan daños cuya reparación se prolongará, profundizando las pérdidas económicas de decenas de familias.
Los apoyos se canalizaron a través del programa “Mi tienda al 100, creo en ti” de la Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, quien finalmente se dejó ver realizando trabajo de campo. Aunque no es la única funcionaria que ha proyectado una imagen gris en la nueva administración, su curva de aprendizaje ha sido evidente. Fue necesario que el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, liderara las gestiones tras los daños provocados por los atentados.
Villaseñor Aguilar, con una amplia trayectoria en el sector privado, enfrenta desde el ámbito público retos significativos que exigen mayor celeridad, incluso en un contexto donde Guanajuato se posiciona como la quinta economía a nivel nacional. Entre sus principales desafíos están alcanzar la meta de atraer 8 mil millones de dólares en inversión extranjera y coordinarse con los gobiernos municipales para impulsar la competitividad, que hasta ahora se ha mantenido estancada en el corredor industrial.
Uno de los retos más importantes será consolidar una reducción en la pobreza laboral mediante el aumento de los salarios, lo que implicará construir acuerdos con el sector empresarial, especialmente en las industrias tradicionales del estado. Este esfuerzo deberá partir de una relación fracturada en el marco del llamado Nuevo Comienzo.