Guanajuato, Guanajuato.- La creación de la Secretaría de Justicia fue propuesta por Movimiento Ciudadano, la cual integraría a la Secretaría de Justicia y Paz, así como a la Fiscalía General del Estado, para facilitar la coordinación de las instancias federales, estatales y municipales en la articulación de la política criminal.
Esta iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato exceptúa a los abogados que desempeñan funciones propiamente como Ministerios Públicos, quienes, siguiendo el mandato constitucional, deben estar sujetos al principio de autonomía.
El legislador Rodrigo González Zaragoza comentó que con la creación de dicha Secretaría se busca darle congruencia y facilitar la coordinación de las instancias federales y municipales; además, la denominación pretende darle un sentido de acceso a la justicia como única manera de construir seguridad y paz a largo plazo.
Detalló que se busca dotar de la seguridad jurídica necesaria a las policías municipales y estatales (tanto a la Agencia de Investigación Criminal como a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) y al propio Ministerio Público, para recibir denuncias y realizar investigaciones del delito, ampliando exponencialmente la capacidad de abatir la impunidad.
Explicó que, en lugar de que solo los agentes del Ministerio Público y las policías ministeriales reciban denuncias y lleven a cabo las investigaciones, lo que genera un cuello de botella en la atención a las víctimas y en la propia investigación de los hechos, podrían integrarse a la tarea de abatir la impunidad.
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Rodrigo González destacó que la criminalidad y la inseguridad deben abordarse de manera sistémica para resolver la problemática en el mediano plazo, dado que las actuales políticas públicas no han tenido resultados positivos. De aprobarse la propuesta, abundó, el impacto social se reflejaría en garantizar el acceso a la justicia para la población, en particular para las víctimas, así como en una mayor eficacia en la reducción de la impunidad, en las policías y en un Ministerio Público verdaderamente autónomo.
Propuso como plazo un año para crear las unidades de investigación de las policías municipales, así como capacitar y certificar al personal en atención a víctimas, recepción de denuncias, procesamiento de la escena del crimen, métodos de conducción y mando del Ministerio Público, y comparecencia en tribunales.
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