Guanajuato, Gto.– La propuesta de integrar a la ley de inclusión que el 3 por ciento de los espacios laborales sean para personas con discapacidad, enfrentó a panistas contra morenistas. De hecho, fue el diputado del PAN Jesús Hernández Hernández, quien presenta una discapacidad, uno de los que estuvieron en contra de la propuesta.
En sesión de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos vulnerables, la diputada de Morena Plásida Calzada Velázquez propuso una modificación para que se incorpore un porcentaje del 3% como el mínimo de espacios laborales que deberán estar disponibles para personas con discapacidad en los Poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos con garantía de forma progresiva: la legisladora dijo que esto es por petición de las personas con discapacidad en los procesos de consulta a este sector.
El legislador panista Jesús Hernández Hernández, quien precisamente representa a la comunidad con alguna discapacidad, destacó que el establecimiento de un porcentaje obligatorio de contratación en el sector público presenta limitaciones técnicas y operativas, debido a que no todas las dependencias gubernamentales cuentan con las mismas capacidades ni necesidades laborales; además que el enfoque deja fuera al sector privado donde se encuentran la mayoría de las oportunidades de empleo.
La congresista Ana María Esquivel Arrona calificó como fundamental adoptar un enfoque integral para la inclusión laboral “que no lo da poner una cuota del 3%, porque si se limita a establecer cuotas obligatorias sin considerar las necesidades reales del sector público, dicha cuota no tendría una utilidad”. Abundó que las iniciativas deben tener un análisis y que se establezcan aspectos de manera progresiva.
En el mismo sentido, el diputado panista José Salvador Tovar Vargas opinó que la propuesta en origen busca que los espacios de trabajo sean adecuados y que existan programas de formación y sensibilización para los equipos laborales, mientras que la capacitación y el desarrollo profesional deben ser una prioridad con programas específicos que brinden formación técnica y profesional, así como esquemas de certificación que faciliten su inserción en el mercado laboral.
En la sesión hubo representantes de organizaciones civiles y argumentaron que establecer un porcentaje mínimo no se debe considerar como una cuestión restrictiva, porque un mecanismo restrictivo sería establecer una cuota máxima; además que no se busca despedir personal para incluir a personas con discapacidad, sino que las plazas de nueva creación se destinen al sector mencionado.
Compartieron que los mecanismos primordiales son la capacitación y la educación, debido a que muchas personas de este grupo de población se le ha negado el acceso a la educación y que se empiece a generar los mecanismos de inclusión laboral en la subsecretaría de Atención a las Personas con Discapacidad.
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Señalaron que se debe apostar a la educación, a la capacitación y a la profesionalización de las personas con discapacidad, que se les dé una oportunidad por sus talentos y capacidades y no solo por su condición de discapacidad. También pidieron que las personas con discapacidad puedan dar su opinión y no solo los representantes de las asociaciones civiles.
La propuesta fue votada y aprobada, así que el diputado José Salvador Tovar Vargas propuso añadir un artículo segundo transitorio para que la persona titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos dispongan de un plazo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar ajustes que permitan dar cumplimiento a las nuevas adecuaciones. La propuesta fue aprobada.
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