Guanajuato, Gto.- Aproximadamente el 90% de los casos puestos en conocimiento del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) en el estado de Guanajuato están relacionados con violencia sexual.
Así lo reveló Alma Padilla García, directora del Centro en Guanajuato, quien señaló que existe una grave crisis de violencia infantil, desde los delitos de abuso hasta la corrupción de menores.
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Al denunciar públicamente la falta de acceso a la justicia para las víctimas, Alma Padilla aseguró que “las carpetas de violaciones y violencias están atoradas en procesos jurídicos retardados”. También expuso que la falta de una efectiva implementación de los mecanismos de atención ha reducido el acceso a la justicia y, en consecuencia, las víctimas quedan indefensas.
“Los protocolos están creados, la legislación está vigente, pero se requiere que los SIPINNAS (Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) municipales y estatales actúen de manera real y efectiva”.
Esto ha llevado a NIMA a solicitar, a través del SIPINNA, reuniones con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para plantear una agenda que considere la participación de las infancias en la toma de decisiones, debido a la exigencia tanto de niñas como de niños de ser escuchados.
Las y los menores se muestran preocupados por la violencia que existe en el entorno social en el que están inmersos, por lo que deben existir espacios de diálogo y análisis que los incluyan.
Lamentó que Guanajuato es la entidad mexicana con las cifras más altas de violencia. Tan solo el año pasado tuvo el primer lugar en corrupción de menores.
Dejó en claro que cuando las infancias han enfrentado violencias directas y se quedan sin una madre, padre, persona cuidadora o tutora, es el Estado el que se convierte en su tutor:
“El Estado tiene que garantizar el interés superior de la niñez… todo lo que al niño y a la niña les permita el desarrollo óptimo e integral”.
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Es ahí donde al Estado le compete resguardar la seguridad física y emocional, así como sus derechos a la salud, la vivienda, la alimentación y el acceso a la justicia, pues “las niñas y los niños en este estado (de Guanajuato) no están teniendo justicia”.
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