Guanajuato. Gto.- Avanza la reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato para ampliar las medidas preventivas y protección contempladas en la ley, así como incluir como defensoras de derechos humanos a las personas buscadoras; éste miércoles se aprobó el dictamen en positivo.
La comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato.
Ésta reforma, además, precisa dar autonomía técnica y de gestión al Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato (COPREDGTO) para garantizar una mayor participación ciudadana en su Consejo Directivo.
Quienes integran dicha comisión estuvieron de acuerdo en solicitar opinión a la presidencia del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y al Instituto de Investigaciones Legislativas, quienes tendrán hasta el 20 de junio pare remitir sus comentarios.
También a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, se solicitará un estudio sobre la implicación financiera de la propuesta y se integrará un grupo de trabajo con las autoridades consultadas.
Además, hubo seguimiento de tres propuestas de puntos de acuerdo. Uno para exhortar a la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, a que instruya a sus colaboradores para atender la problemática del sector ladrillero en León, específicamente a titulares de la Secretaría de Economía, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Nuevo Comienzo, el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad y Tú Puedes Guanajuato.
Así mismo para que instruya a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar una investigación sobre las ladrilleras en el Estado de Guanajuato a fin de que se encuentren alternativas de solución a su problemática.
El segundo punto de acuerdo es para solicitar al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los ayuntamientos, a las dependencias, entidades estatales y municipales y a los organismos autónomos, así como a la Secretaría General del Congreso para que den cumplimiento a la medida afirmativa establecida en ley para que se instale la señalética que prohíbe la discriminación.
Sobre ese tema, la legisladora Eugenia García Oliveros asentó que en Guanajuato la discriminación es una práctica cotidiana y que el exhorto tiene sentido porque se trata de un problema significativo que afecta a diversas personas que son señaladas por distintas causas como su color de piel, forma de vestir, preferencia sexual, peso, etcétera.
Dio a conocer que en Guanajuato, más del 15% de las personas han manifestado ser discriminadas por un motivo personal, por lo que es necesario que las autoridades que deben proteger los derechos de las personas cumplan con la medida afirmativa que se encuentra en la ley.
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La congresista Plásida Calzada Velázquez planteó se solicite información a los entes consultados sobre el estatus de lo señalado en la propuesta con término de 10 días.
El último punto de acuerdo, pretende exhortar a la gobernadora del estado y al fiscal general del Estado para que instruyan la elaboración de estudios sobre las causas de la victimización y la delincuencia en contra de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Guanajuato; a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato, para que elabore el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas; y a la gobernadora del estado, a fin de que instruya las modificaciones necesarias a las reglas de operación del Programa Becas Nuevo Comienzo, con el objetivo de garantizar, al menos, la misma cantidad de estudiantes beneficiarios que fueron atendidos durante el ejercicio fiscal 2024.
La diputada de Morena María Eugenia García Oliveros expuso que la propuesta presenta diversas omisiones por parte de las autoridades estatales, y que por eso era importante pedir información a la Comisión Interinstitucional sobre por qué no ha elaborado el Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y a las autoridades estatales el ajuste en el tema de las Becas Nuevo Comienzo.