Guanajuato, Gto.- El grupo parlamentario de Morena anunció que, tras el archivo de los dictámenes que buscaban la despenalización del aborto, buscarán un amparo indirecto, para que el tema pueda mantenerse vigente y no se diluya.
El coordinador de los diputados morenistas reveló un ambiente de presión e intimidación impulsado por intereses religiosos, económicos y políticos y aseguró que hubo un “golpe parlamentario” derivado de amenazas, campañas de desinformación y uso masivo de recursos para obstaculizar el debate.

Dio a conocer que Morena actuó con libertad de conciencia y coherencia política, y que, lejos de ser una derrota, (la no aprobación de la despenalización del aborto) es un episodio más en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir.
David Martínez anunció una ruta legal conformada por tres acciones concretas: un recurso por agravio comparado, un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la solicitud de una Alerta de Violencia de Género.
Explicó que el amparo indirecto será promovido por las comisiones legislativas del Congreso del Estado, que, al desechar las iniciativas, decidió mantener vigentes normas inconstitucionales que vulneran el derecho a decidir.
“Morena sostiene que ésta omisión legislativa representa una falta grave a la obligación impuesta por el artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos”, dijo.

Detalló que a pesar de que la Constitución local incluye una cláusula de protección de la vida desde la concepción, la Suprema Corte ha resuelto que esta no puede utilizarse para restringir derechos fundamentales.
Expuso que en la acción de inconstitucionalidad 41/2019, el pleno de la corte fue claro: “las entidades federativas no pueden justificar con esa cláusula la negación de servicios de salud sexual y reproductiva, ni endurecer las normas sobre la interrupción legal del embarazo. Morena buscará que el Poder Judicial ordene al Congreso legislar en conformidad con estos criterios nacionales e internacionales”.

Insistió que el grupo parlamentario impulsará la declaratoria de una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, con base en el hecho de que el Código Penal de Guanajuato penaliza en su totalidad la interrupción del embarazo, impidiendo el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas.
Abundó que dicha situación constituye un agravio comparado, ya que en 23 entidades del país el aborto ha sido despenalizado total o parcialmente, “lo que coloca a las guanajuatenses en una situación de desventaja legal respecto al resto del país. La solicitud será dirigida a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en su carácter de órgano autónomo”.
Quienes integran el grupo parlamentario de Morena coincidieron en que el Congreso de Guanajuato está en deuda con las mujeres. La diputada María Eugenia García Oliveros insistió que ésta causa no se abandona, y que se trata de garantizar un derecho, no de imponer una conducta.

Enfatizó en la importancia del respeto a las decisiones individuales y afirmó: “Morena no mata. Morena no va en contra de la vida. Lo único que pedimos es que se les permita a ellas tomar su decisión”.
La lucha por la despenalización tiene más de veinte años en Guanajuato
La legisladora Edith Moreno Valencia recordó que la lucha por la despenalización tiene más de veinte años en Guanajuato y lamentó que la presencia de mujeres en el poder no se traduzca en justicia para las ciudadanas.
Miriam Reyes Carmona, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, anotó que negar ´éste derecho perpetúa la violencia institucional y cuestionó los argumentos que niegan la existencia de criminalización.
Mientras que la congresista Maribel Aguilar González declaró que la gobernadora Libia Denisse García ha incumplido sus compromisos con las mujeres y que los servicios de salud siguen siendo insuficientes.
