Guanajuato, Gto.- La reciente detención de Antonio María Cabrera, sacerdote perteneciente a la congregación de los Legionarios de Cristo, marca un precedente en México: es la primera vez que un miembro de esta influyente orden religiosa es encarcelado en territorio nacional por delitos de abuso sexual contra menores. La Fiscalía del Estado de México informó que Cabrera, de 68 años, fue vinculado a proceso por tres casos distintos de violación ocurridos entre 2004 y 2011. El sacerdote fue detenido el pasado 13 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La activista y comunicadora Ana Luz Salazar, sobreviviente de abuso clerical, subrayó la dimensión simbólica del caso. Aunque no se trata de su agresor directo, destacó que este hecho representa una señal de esperanza para otras víctimas. “Ver que un agresor de una congregación tan poderosa pueda ingresar, aunque sea de forma preventiva, a una cárcel, sí creo que es un remanso de paz para nosotras”, declaró en entrevista.
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Salazar advirtió además que el caso podría ser solo el inicio de una red más amplia de agresiones y encubrimientos. Según testimonios que ha recabado, se trataría de al menos una docena de víctimas, incluidos niños y niñas, cuyos casos aún no han sido judicializados. Cabrera, quien ostenta doble nacionalidad mexicana y española, también fue director de la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac, institución ligada al fundador de la congregación, Marcial Maciel, señalado durante años por pederastia.
El expediente judicial indica que los abusos ocurrieron en distintos momentos y lugares, siendo el primero en mayo de 2004, cuando la víctima tenía 7 años. Posteriormente, en abril de 2007 y diciembre de 2011, Cabrera habría repetido las agresiones, según la Fiscalía. La denuncia fue interpuesta en diciembre de 2024 y culminó en una orden de aprehensión ejecutada meses después.
El caso también pone a prueba reformas legales recientes que eliminan la prescripción de delitos sexuales contra menores. Salazar recordó que esta modificación fue impulsada tras años de exigencias por parte de colectivos de víctimas y legisladoras como Josefina Vázquez Mota. “Ahora los agresores no podrán escudarse en el paso del tiempo para evitar enfrentar la justicia”, señaló.
La activista también lanzó críticas hacia el Vaticano y la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas. “La CNDH no ha hecho nada. Ni siquiera ante un caso ya prescrito como el mío se atrevieron a emitir una opinión sobre el encubrimiento institucional”, denunció. Además, llamó a crear una comisión de la verdad independiente, que permita investigar a fondo las redes de protección dentro de la Iglesia católica.
“El problema no es la fe, sino quienes la usan como escudo para proteger criminales. No estamos destruyendo a la Iglesia. Estamos señalando sus violencias estructurales”, enfatizó.
Antonio María Cabrera fue ingresado al penal “Juan Fernández Albarrán” de San Pedro Barrientos. El juez de control ordenó prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Para Salazar, esta decisión judicial podría ser el inicio de una ruptura necesaria: “Que la vergüenza cambie de bando. Que empiece a caer sobre los agresores y no sobre las víctimas”.
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