Ciudad de México, México.- La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que transfiere formalmente sus funciones de seguridad pública al Ejército, generando una oleada de críticas por parte de la oposición y organizaciones civiles, que advierten sobre los riesgos que esta medida representa para la privacidad ciudadana.
Con 351 votos a favor y pese a los señalamientos de inconstitucionalidad, la iniciativa fue avalada en la Cámara Baja y se espera que sea turnada al Senado de la República en los próximos días para su discusión final.
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Durante el debate, la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI) advirtió que la reforma otorga a la Guardia Nacional nuevas facultades de inteligencia que incluyen la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas.
“Con la simple presunción de un delito, las autoridades podrán interferir en llamadas y conversaciones sin una orden judicial clara, lo que abre la puerta a un uso discrecional y peligroso de estas herramientas”, dijo la legisladora.
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Desde el oficialismo, Morena y sus aliados defendieron la reforma, asegurando que el objetivo es fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la seguridad pública y preservar el orden. La consejera jurídica del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, negó categóricamente que se pretenda espiar a la ciudadanía.
“En ningún momento se invade la privacidad, ni se accede a datos personales o conversaciones sin una orden judicial”, afirmó Godoy durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta.
La funcionaria explicó que la iniciativa contempla la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, una plataforma que permitirá a la Guardia Nacional desarrollar actividades de inteligencia con base en la ley.
Godoy subrayó que todas las acciones estarán sujetas al Código Nacional de Procedimientos Penales y que cualquier intervención en comunicaciones requerirá autorización de un juez. “El sistema tiene candados legales, éticos y técnicos que impiden su uso con fines políticos”, aseguró.
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No obstante, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que la reforma otorga al Ejército un margen legal para realizar actividades de vigilancia sin controles adecuados. Según la organización, las modificaciones al artículo 9, fracción XXVI, de la Ley de la Guardia Nacional “permiten al cuerpo castrense procesar y utilizar información de inteligencia por motivos de seguridad nacional sin mecanismos de fiscalización robustos”.
Uno de los puntos más polémicos es la ambigüedad sobre si la Guardia Nacional requerirá o no autorización judicial para acceder a datos de empresas de telecomunicaciones o para rastrear la ubicación en tiempo real de dispositivos móviles.
Estas preocupaciones se agravan por la posible aprobación de una iniciativa complementaria en materia de telecomunicaciones, que propone el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil y obliga a las empresas del sector a conservar y compartir datos con las autoridades.
Un paso hacia la militarización del espacio digital
Expertos en derechos digitales ven en esta reforma una tendencia preocupante hacia la militarización no solo de la seguridad pública, sino también del espacio digital.
“Legalizar la vigilancia sin controles judiciales es retroceder décadas en materia de derechos humanos. Hoy es por seguridad, mañana podría ser por razones políticas”, advirtió un vocero de R3D.
Por ahora, el tema sigue generando división y podría convertirse en un nuevo frente de confrontación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la oposición, especialmente en un país donde la vigilancia estatal ha sido históricamente un tema delicado.