Ciudad de México, México.– La Cámara de Diputados aprobó recientemente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, dos reformas que redefinen el marco legal para la seguridad y la inteligencia en el país. A continuación, un desglose de qué facultades otorgan estas leyes y cuáles son las limitaciones establecidas.
Qué permite la nueva Ley de Seguridad
- Acceso a datos personales y privados
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional podrán acceder a bases de datos públicas y privadas que incluyen información biométrica, registros bancarios, fiscales, de telecomunicaciones, transporte, salud, propiedad, comercio y más. Esto se podrá hacer bajo control judicial, con el fin de obtener indicios e información útil para la inteligencia y la prevención del crimen organizado.
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- Creación de estructuras de inteligencia
Se establece la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con una Plataforma Central de Inteligencia que conectará sistemas federales y locales para compartir información relevante de seguridad pública.
- Facultades explícitas para la Guardia Nacional
La Guardia Nacional podrá realizar actividades de inteligencia e investigación en tareas de seguridad pública, ampliando sus atribuciones más allá de las labores de seguridad operativa.
- Obligaciones para gobiernos estatales y municipales
Las entidades federativas deberán organizar “mesas de paz”, desarrollar programas de prevención del delito, profesionalizar sus cuerpos policiales y reportar resultados periódicamente. Además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá sancionar a estados o municipios que no cumplan con sus compromisos, incluso reteniendo recursos federales.
- Medidas en el sistema penitenciario
Los centros de reinserción estarán obligados a instalar equipos para bloquear señales de celular y otras transmisiones, con el objetivo de limitar la comunicación ilícita desde las cárceles.
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Qué no permite la nueva Ley de Seguridad
- No elimina el control judicial
Aunque el acceso a datos sensibles es amplio, la ley establece que estas acciones deben contar con autorización judicial, intentando asegurar que no se realicen abusos arbitrarios.
- No implica vigilancia masiva sin límites
La legislación busca limitar el acceso a la información al ámbito de la investigación y prevención del delito, no para espiar o monitorear a la población de manera indiscriminada.
- No elimina obligaciones de transparencia y rendición de cuentas
Los gobiernos locales deben informar sobre las políticas y resultados en materia de seguridad, promoviendo la supervisión pública y el seguimiento de las acciones implementadas.