Guanajuato, Guanajuato.- Ante la escalada de violencia y temor en la que operan entre 2 mil 500 y 3 mil centros de rehabilitación en Guanajuato, Nicolás Pérez Ponce, representante de estos anexos, urgió y pidió a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo que se reúnan para atender el tema.
Recordó que desde el año pasado se acordó con el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, establecer mesas de trabajo para abordar el tema, pero todo quedó en promesas, ya que nada se ha concretado.
Pérez Ponce señaló que el Gobierno del Estado está alejado de la realidad, pues el secretario declaró que existen 300 anexos, pero en realidad manejan cifras erróneas:
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“Tan solo el municipio de León tiene alrededor de 300 centros, porque la demanda es tanta que incluso en comunidades rurales se han establecido estos espacios”.
De acuerdo con los afiliados a la organización estatal que representa, en el estado hay entre 2 mil 500 y 3 mil centros de rehabilitación, con un promedio de 40 personas anexadas en cada uno —algunos con menos, otros con más—, por lo que se estima que hay al menos 120 mil personas en proceso de atención por adicciones.
Pérez Ponce lamentó que las autoridades estatales estén muy lejos de la realidad, pues hay una gran diferencia entre reconocer 300 y 3 mil centros. Tal vez solo esos 300 cuenten con algún tipo de permiso municipal.
Según la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), este año solo nueve centros están registrados en el estado.
“Ellos no entienden lo que es un centro de rehabilitación regularizado ni qué tipo de documentación debe tener. El registro ante CONASAMA —antes COFEPRIS— solo lo tienen nueve centros actualmente; antes eran 13, pero se le retiró el registro a cuatro. A veces se le llama ‘regularizado’ a un simple permiso municipal, y eso luego de muchos años. Hay centros de rehabilitación que tienen más de 40 años trabajando sin ese requisito”, explicó.
Indicó que se comenzó a hablar de regularización después de los ataques armados, como el ocurrido en el centro de Arandas, en Irapuato, pero muchos de estos espacios ya venían operando desde mucho antes.
Pérez Ponce reiteró la urgencia de establecer mesas de trabajo para revisar el tema, pero a más de siete meses del planteamiento inicial no ha habido seguimiento por parte del Gobierno del Estado.
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Mientras tanto, los centros de rehabilitación operan con sus propios recursos, tratando de ayudar a los internos, en su mayoría con adicciones a drogas como el cristal, e incluso, desde hace tres años, con casos de fentanilo.
Finalmente, reiteró que la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación solicita una reunión urgente con la gobernadora, debido al incremento de la violencia, la drogadicción y el nulo avance en los acuerdos para establecer mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobierno.
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