TODO UN TEMA. Dentro de la auditoría y más allá de los dimes y diretes entre organizaciones civiles y gobierno del estado, hay revelaciones en las conclusiones que ameritan una revisión aparte.
EL CASO. Hablamos del financiamiento con recursos del Fidesseg a sistemas de seguridad en los llamados Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI) que no es otra cosa que colocar cámaras de video conectadas a los C4 de los Municipios de León, San José Iturbide y Celaya. En total el gasto en esas cámaras fue de 112 millones, a razón de 34 millones de pesos en cada municipio.
EL PUNTO. La observación que hace la Auditoría Superior del Estado (ASEG) es que la inversión en temas de seguridad pública le corresponde por ley a los Municipios, los Estados y la Federación.
TEXTUAL. “Esta situación correspondía ser analizada al momento de la evaluación de conformidad con los criterios que establecen las reglas de operación y bases de la convocatoria”, señala la auditoría.
EL EJEMPLO. En el caso de León, la Fundación León Agradecido hizo un convenio con la empresa Telecomunicaciones y Servicios Sersen que desde 2022 solicitó los permisos para instalar las cámaras en mobiliario público aunque la instalación del equipo se materializó el 17 de febrero de 2025. La ASEG hizo la observación en el sentido de que no se cumplió el cronograma de aplicación del recurso.
VUELTA DE TUERCA. Pero más allá de eso, lo interesante es analizar porqué las autoridades permitieron dar la vuelta a la forma de aplicar recursos para seguridad, al avalar que esos equipos no sean propiedad de los municipios que los entregan en comodato a asociaciones privadas.
LA APUESTA DEL SEXENIO DIEGUISTA. Y la otra, con todo lo prioritario que se ha vuelto la seguridad para Guanajuato, ¿qué tan pertinente es sacrificar la filantropía con recursos públicos?
PARADOJA. 112 millones para 3 proyectos municipales podrían convertirse en un mundo de recursos para decenas de agrupaciones civiles que esperan ese apoyo.
LA DEL ESTRIBO…
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ya anunció que la secretaría de Honestidad investiga el asunto relacionado con la propiedad donde vive la familia del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Woodlands.
“Yo no estoy aquí para defender personas ni contratos”, dijo la mandataria estatal en un pronunciamiento ni mandado a hacer para las 8 columnas.
Con calma y nos amanecemos. Todo parece indicar que García Muñoz Ledo estudió muy bien con su círculo cero una respuesta que calmara las aguas turbulentas que generaba el silencio de la sucesora de Diego Sinhue.
Veremos si en verdad aplica el “caiga quien caiga” o ya tienen perfilado el control de daños.
A UN AÑO DEL EXHORTO A FIDESSEG
Ya transcurrió un año desde que se dio el primer obús formal desde el panismo gobernante hacia el Fidesseg que certifica que una parte de este pleito implica la ruptura de 2 aliados que parecían tener un pacto irrompible.
Hace un año, con el respaldo de los 3 diputados del PRI, la mayoría panista en el Congreso del Estado aprobó un exhorto a la Secretaría de Finanzas, para que extinga Fidesseg.
La propuesta presentada en el pleno por el diputado Miguel Ángel Salim Alle fue rechazada por los 8 diputados de Morena, los 2 del Verde y las integrantes de la llamada bancada naranja. La panista Cristina Márquez Alcalá no estuvo presente en la votación.
El panista Miguel Salim consideró oportuno valorar la conveniencia de modificar el modelo vigente del Fidesseg con el propósito de contar con herramientas administrativas que permitan atender, con mayor premura, las acciones sociales y de seguridad pública que se pretenden ejecutar.
Ese día hablaron en contra de la propuesta la entonces diputada de Movimiento Ciudadano Dessire Ángel y de Morena, Hades Aguilar Castillo e Irma Leticia González y David Martínez Mendizábal.
Hades fue la más crítica pues recordó que la entonces gobernadora electa y hoy en funciones Libia García tenía la obligación legal de conocer y evaluar la operación del Fidesseg como secretaria de Desarrollo Social y Humano y que había sido ella la que “mandó esconder la información” por 3 años.
Sorpresivamente y fiel a su estilo, el entonces presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Luis Ernesto Ayala se desentendió de cualquier posible acción inmediata sobre el Fidesseg y cerró el changarro.
Había sido la última sesión del último período ordinario de sesiones de la legislatura.
El tiro estaba cantado aunque los empresarios creyeron que era una bravata de última hora del gobierno de Diego Sinhue y que Libia no iba a tomarlo como bandera.
A un año de distancia, el pleito parece profundizarse y no se ve salida cercana porque mientras el gobierno tiran misiles para tratar de ablandar al sector empresarial, estos responden con recursos en tribunales que oscurecen más al panorama.
LIBIA DENNISE Y EL FIDESSEG: LA GUERRA CON GUIÑOS DE PAZ
Muy importante lo que dijo la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ayer sobre los resultados de la auditoría al Fidesseg. No solo lo que dice sino lo que entre líneas parece comentar.
La gobernadora alude uno de los argumentos de defensa de empresarios y asociaciones civiles: que una cosa es que el gobierno como parte del comité técnico del Fidesseg haya aprobado proyectos lo cual no lo sanciona la ASEG sino la aplicación de los mismos.
Insiste en la transparencia y en el correcto ejercicio de los recursos. Ese parece ser el argumento más certero de la titular del ejecutivo estatal. Por eso ella promovió un modelo en el que la transparencia se dé desde el momento en que se propone un proyecto susceptible de ser apoyado con recursos, algo que no ocurrió con el modelo vigente del Fidesseg.
Y es cierto que ella como titular de la secretaría de Desarrollo Social y Humano aprobó los proyectos que eran válidos con las reglas de operación que definió el comité técnico y el gobierno. En descargo de García Muñoz Ledo había que decir que ella llegó con esas reglas del juego definidas y toleradas por su antecesor Diego Sinhue.
Basta decir que si como gobernadora le han ganado varios rounds en tribunales, imposible pensar que como funcionaria siquiera pudiera osar cuestionar el status quo en ese momento.
Del otro lado, las agrupaciones a través de la Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) mantienen la misma tónica: victimizarse frente a conclusiones de auditoría. Hay observaciones muy puntuales que no son generalizaciones que se deben atender.
Curioso que desde el sector empresarial que suele ser muy crítico con el ejercicio irregular de los recursos, de pronto quisiera tener un trato preferencial cuando proyectos afines a su causa son los que se encuentran en el banquillo de los cuestionados.
De cualquier manera, el Nuevo Comienzo tendrá que tantear los alcances de una apuesta al toma y daca en el que irremisiblemente sale perdiendo. No porque le falte razón o no le asista el derecho de fiscalizar sino porque la parálisis de la filantropía tiene como origen el recurso público.
Así que no echemos en saco roto esa frase que soltó ayer:
“Lo que estamos como Estado a observar es la correcta aplicación de los recursos y les quiero compartir que seguimos en los mecanismos de diálogo, lo peor que puede ocurrir es que sigamos trabados en tribunales, porque los afectados son las organizaciones de la sociedad civil”.
Y sí. Hay quienes se sorprenden de que mientras hay mesas de diálogo, salgan misiles con cara de auditoría. ¿Será que la táctica de la zanahoria y el garrote no rinde los frutos esperados para el Nuevo Comienzo?