Guanajuato, Guanajuato.– Más del 74 por ciento de la población considera elevados los costos del transporte público en Guanajuato en relación con el servicio que se ofrece, de acuerdo con un estudio realizado en seis municipios de Guanajuato. La capital fue uno de ellos, justo donde recientemente aumentó la tarifa.
Las encuestas se llevaron a cabo en León, Dolores Hidalgo, Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato capital; este último tuvo la mayor participación, con el 48 por ciento del total de resultados.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, detalló que se deben considerar diversas fórmulas para medir correctamente el alza de las tarifas del transporte público en los municipios.
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Señaló que actualmente se mide el costo de la tarifa con base en una fórmula técnica más la demanda estimada, lo que da como resultado la llamada “utilidad razonable”. No obstante, propuso que debería considerarse una tarifa social, sumada a la demanda estimada, e incorporar subsidios por parte de las autoridades.
Añadió que este diagnóstico revela la existencia de sistemas municipales de transporte público ineficientes, de baja calidad y con tarifas cada vez más elevadas. Específicamente, el encarecimiento gradual del servicio tiene consecuencias negativas para los usuarios.
El legislador, quien organizó el Foro de Movilidad, señaló que los criterios actuales contemplan la utilidad razonable para los concesionarios, el tipo y clase de servicio, los costos operativos variables y fijos, así como la estructura de costos. Sin embargo, subrayó que también deben considerarse el impacto social, las condiciones económicas del usuario y la calidad real del servicio.
Respecto a la satisfacción del servicio, González Zaragoza informó que el 80 por ciento de los usuarios no está conforme, lo que genera una percepción negativa tanto de la calidad como del funcionamiento del transporte público.
“Una de las mayores críticas es el tiempo de espera, que en promedio alcanza los 40 minutos para que pase una unidad. Esta demora afecta directamente la experiencia del usuario y provoca retrasos en sus actividades diarias”, comentó.
Subrayó la importancia de que las autoridades municipales y estatales inviertan en el transporte público, ya que actualmente la mayor parte del servicio es operado por empresas concesionadas.
Insistió en que deben considerarse los subsidios municipales y que el estado cuente con una bolsa económica para invertir en proyectos estratégicos de movilidad.
Explicó que “la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece en el artículo 43 que las autoridades competentes deberán establecer que las tarifas se determinen para el servicio de transporte público y que sean publicadas para conocimiento de todas las personas usuarias en periódicos o gacetas con la debida anticipación. Cada estado tiene la competencia de establecer sus propios lineamientos y regulaciones”.
Agregó que solo 27 municipios cuentan con reglamentación tarifaria; otros 18 abordan el tema de manera general, sin especificar la creación de una comisión mixta tarifaria, y hay un municipio que ni siquiera tiene reglamento de movilidad para aplicar tarifas.
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Finalmente, González Zaragoza propuso algunas mejoras necesarias, como la creación de un observatorio estatal de transporte público autónomo, revisiones periódicas del servicio para fijar tarifas, criterios estandarizados para el cobro y aumento del pasaje, así como fomentar la participación ciudadana mediante ejercicios permanentes de involucramiento.
Actualmente, el municipio de San Miguel de Allende está en trámite de aumento de tarifa en el transporte público; hoy cuesta 8 pesos y se contempla un incremento de dos pesos más.
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