Ciudad de México, México.– La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una nueva carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, esta vez por su presunta participación en el uso ilegal del software de espionaje Pegasus. La noticia fue confirmada este martes por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien explicó que nuevas revelaciones internacionales dan sustento a una indagatoria más sólida que las anteriores.

FGR abre nueva investigación contra Peña Nieto por caso Pegasus; indagan presunto soborno de 25 mdd y solicitarán datos a autoridades de Israel (Foto: twitter)

Pero, ¿por qué este caso vuelve a cobrar relevancia y qué implica realmente esta nueva investigación?

Pegasus: el software espía que sacudió a gobiernos

Pegasus es un programa desarrollado por la empresa israelí NSO Group, capaz de infiltrar teléfonos móviles para extraer información, grabar conversaciones y activar micrófonos o cámaras sin que el usuario lo note. Aunque se promociona como herramienta contra el crimen organizado y el terrorismo, ha sido utilizado por varios gobiernos, incluido el mexicano, para vigilar ilegalmente a periodistas, activistas y opositores políticos.

FGR abre nueva investigación contra Peña Nieto por caso Pegasus; indagan presunto soborno de 25 mdd y solicitarán datos a autoridades de Israel (Foto: twitter)

Durante el sexenio de Peña Nieto (2012–2018), diversas investigaciones nacionales e internacionales revelaron que el gobierno mexicano adquirió Pegasus, y que fue utilizado para espiar a decenas de personas sin justificación legal. En su momento, el hecho fue calificado como uno de los mayores escándalos de vigilancia ilegal en América Latina.

¿Qué revelaron los nuevos informes?

El motivo de esta nueva carpeta de investigación es un reportaje publicado por el medio israelí The Marker, que asegura que Peña Nieto habría recibido un soborno de 25 millones de dólares a cambio de permitir la operación del sistema Pegasus en México. Esta nueva información fue considerada por la FGR como lo suficientemente relevante para reactivar el caso.

“Estas aumentan con este nuevo caso en el que sí se dan ya informes específicos, claros, muy precisos de una relación con empresas que vendieron Pegasus”, explicó Gertz Manero en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué hará ahora la Fiscalía?

La FGR solicitará información formal a las autoridades de Israel, con el objetivo de incorporar datos técnicos y mediáticos al expediente. Sin embargo, Gertz reconoció que la relación con ese país ha sido complicada, debido a la falta de cooperación en otros casos, como el de Ayotzinapa.

FGR abre nueva investigación contra Peña Nieto por caso Pegasus; indagan presunto soborno de 25 mdd y solicitarán datos a autoridades de Israel (Foto: twitter)

Aun así, el fiscal espera que esta vez haya una mayor disposición para colaborar, dada la gravedad de las acusaciones y la presión mediática internacional.

¿Y las otras investigaciones contra Peña Nieto?

Gertz Manero también fue cuestionado sobre las carpetas de investigación previas contra el exmandatario. Desde 2022, la FGR ha confirmado que existen expedientes abiertos por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales, algunos de ellos vinculados con la empresa constructora OHL.

Sin embargo, estas investigaciones no han sido judicializadas porque —según el fiscal— las denuncias no han sido ratificadas por quienes las presentaron originalmente.

“Hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron denuncias que las ratifiquen… pero no lo han hecho”, señaló.

¿Qué significa esta nueva carpeta en términos legales y políticos?

La apertura de esta nueva investigación no implica aún una acusación formal, pero sí marca un paso relevante en el proceso legal. Si la FGR logra obtener pruebas fehacientes de la transacción económica entre Peña Nieto y las empresas vinculadas con Pegasus, podría sentar las bases para un caso judicial de gran impacto político.

Además, el caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los altos funcionarios en actos de vigilancia ilegal, el uso de software intrusivo y la falta de justicia en delitos cometidos durante sexenios anteriores.