Ciudad de México, México.- Luego de casi tres años de enfrentamientos públicos y legales, el conflicto entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el senador morenista Ricardo Monreal Ávila está por llegar a su punto final. Este miércoles 9 de julio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de sentencia que propone fallar a favor de Monreal, en un caso que ha tensado las relaciones internas de Morena desde 2022.
El conflicto inició cuando Sansores, a través de su programa semanal “Martes del Jaguar“, comenzó a difundir presuntas conversaciones privadas de dirigentes políticos, entre ellos Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, en las que se hablaba de supuestos pactos políticos y actos de corrupción. Entre las filtraciones más polémicas destacó una conversación entre “Alito” y Monreal.
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La grabación que detonó el conflicto
El 25 de octubre de 2022, Sansores presentó una grabación en la que “Alito” Moreno supuestamente le pedía ayuda a Monreal para que se aprobara un amparo que evitara el aseguramiento de sus propiedades. En el mismo diálogo, se discutía una posible alianza PRI-Morena para apoyar la candidatura del hermano de Monreal, David Monreal, en Zacatecas.
La difusión de este material generó un fuerte enfrentamiento entre Sansores y Monreal, quien acusó la intervención ilegal de comunicaciones privadas y promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Además, interpuso un amparo para eliminar el contenido del programa de la gobernadora, el cual fue otorgado por un juez federal.
La batalla legal llega a la Corte
Ante el fallo en su contra, Layda Sansores apeló la decisión, argumentando que no actuó con malicia ni intención de dañar, y que su actuar debía estar protegido por la libertad de expresión, al tratarse de temas de interés público. Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto de resolución que rechaza este argumento.
En su propuesta, Ríos Farjat sostiene que la libertad de expresión entre funcionarios públicos tiene límites, sobre todo cuando se trata de información obtenida ilícitamente y difundida sin verificación oficial.
“No es posible concluir que un alto mando de un gobierno tiene permitido emitir cualquier tipo de expresión respecto de otra persona, incurriendo en difusión de material cuya procedencia y licitud es cuestionada y haciendo uso de recursos públicos del Estado”, argumenta el proyecto.
Consecuencias de la posible resolución
De aprobarse la propuesta, la sentencia obligará a que se retiren de redes sociales y plataformas oficiales los contenidos donde se reprodujeron las grabaciones, y se prohíba su futura difusión. También implicaría un mensaje firme sobre los límites éticos y legales del discurso político, incluso dentro del mismo partido.
Este caso se ha vuelto un ejemplo del tenso equilibrio entre libertad de expresión y protección de la privacidad, en un contexto político donde las filtraciones se han convertido en herramienta de presión y desgaste entre actores públicos.
Un conflicto que salpicó a Morena
Aunque en un inicio la intención de Sansores era exhibir a la oposición —en especial a “Alito” Moreno—, la controversia terminó por dañar la cohesión interna de Morena, involucrando a una de sus figuras más visibles en el Senado. El conflicto público entre dos figuras del partido también exhibió fisuras internas que podrían tener repercusiones en la etapa de reconfiguración política tras la elección presidencial.