Ciudad de México, México.– En medio de una jornada cargada de declaraciones polémicas, disputas legislativas y cuestionamientos a la justicia, distintos actores políticos han protagonizado titulares por sus acciones y propuestas, algunas más simbólicas que efectivas.
Desde el Congreso hasta Baja California, pasando por la Ciudad de México, el escenario político nacional sigue marcado por tensiones, intereses cruzados y una ciudadanía cada vez más crítica.
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Senadora propone retirar visas a extranjeros que insulten a mexicanos
En una reacción que rápidamente generó controversia, la senadora neomorenista Cynthia López Castro presentó una iniciativa para retirar visas y permisos a extranjeros que insulten a ciudadanos mexicanos en territorio nacional.
“A los mexicanos se les respeta, y mucho más en su propia casa. Ningún extranjero va a venir a faltarle el respeto a los mexicanos”, declaró López Castro al anunciar su propuesta, surgida tras el reciente caso de la modelo argentina Ximena Pichel, quien fue captada insultando a un agente de tránsito en la capital.
La iniciativa ha sido recibida con escepticismo tanto en redes sociales como entre legisladores de oposición, que la califican como populista y difícilmente aplicable desde el punto de vista jurídico. No obstante, la senadora insistió en que es momento de defender la dignidad nacional con acciones concretas.
¿Qué otras iniciativas se revisaron?
Mientras tanto, la prometida ley contra la extorsión, anunciada esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su agenda de seguridad, ya se ha convertido en objeto de disputa política. El PAN aseguró que fue su bancada quien propuso la medida primero, mientras que PRI y Morena también reclaman autoría.
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Pese a que ninguna de las propuestas ha sido discutida aún en el pleno, los partidos ya calientan el terreno rumbo a septiembre, cuando se prevé se vote como parte de la reforma constitucional.
“Es una feliz y afortunada coincidencia”, dijo el líder morenista Ricardo Monreal, confiado en que el consenso llegará.
En Baja California, la vinculación a proceso del ejecutivo de Banco Afirme, Nabor Medina Garza, ha encendido alertas entre especialistas financieros y defensores del debido proceso. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el gobierno estatal estaría intentando forzar el acceso a recursos de un fideicomiso protegido por la ley, lo cual violaría diversas cláusulas financieras.
Detrás del movimiento judicial, aseguran, podría estar una operación política para beneficiar la imagen de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, recientemente envuelta en una polémica por el retiro de su visa y la de algunos familiares. Las tensiones con el exgobernador Jaime Bonilla habrían influido en el caso. Para algunos, se trata de un ejemplo más de justicia a modo.