Ciudad de México, México.– Una jueza federal ordenó este viernes a la Administración de Donald Trump detener de inmediato las redadas migratorias indiscriminadas en el sur de California, las cuales, según denuncias, se han basado en perfiles raciales como el color de piel, idioma o lugar de trabajo. La decisión judicial representa un importante revés para la política migratoria del expresidente, quien busca nuevamente la Casa Blanca.
La jueza Maame Frimpong, del Tribunal de Distrito del Centro de California, también emitió una segunda orden que obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a garantizar el acceso legal irrestricto a personas detenidas en el centro de detención migratoria conocido como B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles.
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Redadas ilegales y sin base razonable
La resolución judicial llega tras la presentación de una demanda colectiva por parte de migrantes afectados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal). El recurso legal fue interpuesto la semana pasada, luego de varios incidentes documentados en video que muestran arrestos violentos por parte de agentes migratorios con el rostro cubierto y sin identificación clara.
En su fallo, la jueza Frimpong establece que los agentes de migración no pueden realizar detenciones sin una sospecha razonable, ni pueden justificar arrestos con base en características como la raza o etnia, hablar español o inglés con acento, el tipo de empleo o la presencia en lugares específicos como estaciones de autobús, lavaderos de autos o campos agrícolas.
“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, celebrando la medida como una victoria significativa para la comunidad migrante.
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Acceso a abogados, incluso en días festivos
En cuanto al centro de detención B-18, la jueza ordenó al DHS que garantice acceso a asesoría legal los siete días de la semana, incluidos fines de semana y días festivos. Esta decisión surge tras múltiples denuncias de que los detenidos permanecían incomunicados y sin posibilidad de consultar con un abogado, incluso durante periodos prolongados.
“Es inaceptable que personas detenidas en territorio estadounidense no puedan ejercer su derecho básico a la defensa legal. Esta orden es un paso vital para restaurar el debido proceso”, añadió Tajsar.
Las redadas en el área metropolitana de Los Ángeles comenzaron hace aproximadamente un mes y han desatado una oleada de protestas, tanto de organizaciones civiles como de comunidades migrantes, convirtiendo a California en un nuevo frente de resistencia contra las políticas migratorias de Donald Trump.
El caso más escandaloso ocurrió el 22 de junio, cuando trabajadores fueron detenidos violentamente en una instalación industrial por hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza. Videos virales mostraron a los agentes irrumpiendo en áreas restringidas y utilizando fuerza excesiva, lo que encendió las alarmas sobre prácticas inconstitucionales.
Uno de los propietarios del lugar, identificado como Enmanuel, denunció que los agentes ingresaron sin orden judicial a los túneles donde opera maquinaria pesada, poniendo en riesgo a los trabajadores.