Guanajuato, Gto.- Tras el desalojo de nueve familias de la comunidad de San Juan de Abajo, el Municipio de León aclaró que el problema es entre dos particulares y que dará apoyo a quienes se vieron afectados.
Asimismo aseguró que no fue un acto que llevó a cabo el Municipio como medidas para tomar la zona reclamada.
Pablo Arturo Elizondo, Secretario del Ayuntamiento de León dijo que este problema se derivó de una orden judicial, el cual es un juicio entre particulares , en la que un juez civil de partido ordenó que se tomara posesión de la superficie pese a que ya había sido adquirida por lotes de terreno en fraccionamiento irregular.
“Se ven afectados porque públicamente el dueño es la persona que era la demandada en ese juicio, dejar en claro que no es una actuación que haya llevado el municipio”, agregó.
De la presencia de la Policía Municipal durante el bloqueo que hicieron los afectados, explicó que estuvo en la diligencia debido a que el Poder Judicial envió un oficio a Seguridad Pública Municipal para que hubiera presencia de seguridad.
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“Es algo que no fue exclusivo de esa diligencia, es algo que sucede todos los días en la práctica de las diligencias que ordena el Poder Judicial y que requiere de la presencia de fuerza pública”, añadió.
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Del apoyo que podrían recibir las familias afectadas externó que se está en diálogo y que la alcaldesa de León, les está ofreciendo apoyo integral, acompañamiento desde lo legal para que tengan una asesoría jurídica correcta o ayuda de los distintos programas que ofrece el municipio.
“Cada caso se tendrá que tratar en lo individual con cada una de las familias, puede ser que una de ellas sí tenga contrato y otra no lo tenga , entonces el tratamiento tendrá que ser distinto, hay que entender las peculiaridades de cada uno de los casos”, comentó.
El secretario puntualizó que los afectados están asentados en varios fraccionamientos de origen irregular, ya que San Juan de Abajo se divide por varias fracciones, por lo que aseguró que se encontraron a varios dueños dentro de una fracción porque son distintas parcelas.
“Hay varios que están finados, y lo que el IMUVI estuvo haciendo fua a apoyar con llevar los juicios sucesorios , ya fuera intestamentario, testamentario de esas personas finadas para que se pudiera avanzar y entonces tratar con quien ahora fuera la tierra o los derechos sobre ella oficialmente ya que son los herederos. Se tiene un gran avance en ese sentido”, destacó.
Incluso señaló que esta situación se derivó por una mala práctica que tuvo el ejidatario, la cual al haber vendido la tierra y esta no se oficializó dio en garantía el predio y que este fue el resultado.
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De las familias afectadas por esta situación reiteró que se hará el acercamiento para ver alternativas de a dónde se puedan mover, ya que lo que están exigiendo los perjudicados es que se acelere la regularización y que no haya más desalojos.
“Ya se les explicó parte de lo que estoy explicando ahorita y que quede claro que la regularización no es algo que se dé de un día para otro y que además para que lleguemos hasta ese punto se ha tenido que avanzar en muchos obstáculos que se debieron vencer”, aseguró.
Aseguró que también se tiene que ver es quién les vendió el predio para de esta forma rastrear la ruta de representación legal, situación que dijo está por realizarse.
Asimismo, aseguró que no todas las parcelas están en esta situación, por lo que la instrucción que se dio es que se tramitarán certificados de cada parcela de las que se tengan los datos para ver que no estén en la misma situación.