Ciudad de México, México.- Por segunda noche consecutiva, miles de ucranianos salieron a las calles en diversas ciudades del país para manifestarse contra una controvertida reforma promovida por el presidente Volodímir Zelenski, que refuerza el control del Ejecutivo sobre los principales organismos anticorrupción del país.
La medida, que ya ha sido promulgada, ha generado una ola de indignación, especialmente por su impacto potencial en investigaciones sensibles sobre presunta corrupción en el gasto militar, en un contexto de guerra que ha desgastado profundamente a la población.
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Las protestas, encabezadas principalmente por jóvenes, activistas civiles y organizaciones prodemocráticas, se centraron en Kiev, donde los manifestantes portaron pancartas críticas dirigidas directamente a Zelenski y a su círculo cercano. Algunos carteles hacían referencia al número 12414, identificador de la polémica ley, y otros usaban lenguaje duro para condenar la supuesta intención de frenar las investigaciones que afectan a altos funcionarios del gobierno.
La nueva legislación otorga al fiscal general, Ruslan Kravchenko —designado por el Parlamento, dominado por el partido de Zelenski— facultades ampliadas sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), dos agencias creadas tras las protestas prooccidentales de 2014 con fuerte respaldo de socios internacionales. Estas agencias han liderado investigaciones clave sobre corrupción de alto nivel, incluso durante los años de guerra tras la invasión rusa de 2022.
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Una de las investigaciones más recientes involucra al viceprimer ministro, Oleksii Chernyshov, acusado de aceptar sobornos en un caso relacionado con una operación inmobiliaria. Aunque el funcionario ha negado las acusaciones, calificándolas de infundadas, el caso ha cobrado especial relevancia en medio del creciente escrutinio a la administración Zelenski.
En paralelo, NABU y SAPO anunciaron esta semana el avance en un expediente judicial sobre lo que describieron como uno de los mayores fraudes a las finanzas públicas en la historia reciente de Ucrania: la malversación de fondos del rescatado PrivatBank, operación que le costó al Estado unos 5 mil millones de dólares. Uno de los antiguos propietarios del banco, Ihor Kolomoisky —vinculado anteriormente a la campaña presidencial de Zelenski— ha rechazado los señalamientos y acusado a las autoridades de extorsión.
Pese a las diversas líneas de investigación abiertas, es el presunto desvío de recursos destinados al ejército lo que más enfurece a los ucranianos. Desde que comenzó la guerra, aproximadamente la mitad del presupuesto nacional —cercano a los 98 mil millones de dólares— se ha dirigido al gasto en defensa, financiado con recursos fiscales internos. La ayuda militar occidental, cabe destacar, no está implicada en estos casos.
Investigaciones recientes han identificado contratos inflados en compras de ruedas para aviones y alimentos, así como anomalías mayores en adquisiciones de municiones y armamento, realizadas a través de intermediarios privados. Auditorías revelaron que empresas “importadoras especiales” participaron en casi la mitad de los contratos de defensa del año pasado, muchos de ellos con retrasos o sin entregas completas, lo que dejó a las tropas sin equipo crítico en el frente de batalla.
“Estos intermediarios se convirtieron en un canal de corrupción”, denunció Artem Sytnyk, exdirector de NABU y exfuncionario de adquisiciones del Ministerio de Defensa. Sytnyk intentó el año pasado eliminar su influencia, pero fue destituido tras un cambio de liderazgo que él atribuye a presiones políticas.
El nuevo ministro de Defensa, Denys Shmyhal —nombrado la semana pasada tras una reorganización del gabinete— ha prometido realizar una nueva auditoría de los procesos de adquisiciones, en un intento por restaurar la confianza pública. Sin embargo, las protestas de esta semana indican que las concesiones de Zelenski, incluida su promesa de no interferir directamente en las investigaciones, no han sido suficientes para calmar el malestar social.
Según Transparencia Internacional, Ucrania ha logrado avances significativos en materia de gobernanza durante la última década, y la corrupción no ha aumentado durante la guerra. Pero el temor de que los esfuerzos anticorrupción pierdan independencia bajo la nueva legislación ha encendido las alarmas dentro y fuera del país.
“Los ucranianos no están dispuestos a tolerar el robo a un ejército que les está protegiendo cada día”, comentó Balazs Jarabik, exdiplomático de la Unión Europea. “El control civil sobre las fuerzas armadas es esencial, pero no debe convertirse en impunidad gubernamental”.
Las manifestaciones continúan, y el descontento pone a prueba una de las promesas centrales de Zelenski: liderar una Ucrania libre de corrupción, incluso en tiempos de guerra.