Salamanca, Guanajuato.- El excontralor Miguel Enrique Cordero Saucedo fue destituido de su cargo en marzo de 2020, por observar irregularidades en la compra de luminarias durante la administración de Beatriz Hernández Cruz. Hoy, aunque las autoridades han fallado a su favor, aún quedan pendientes legales, como la demanda penal que se tiene en la Fiscalía Anticorrupción por abuso de autoridad, además de su tranquilidad, que lo llevó a salir del municipio por sentirse amenazado.
En entrevista para Correo, el contador público de profesión dijo que ganó la demanda laboral, por lo que se le finiquitó, pero aún queda pendiente una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado. Esta ya tiene tres años y está en proceso de emisión de sentencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. “Con esta se busca que un ciudadano que enfrenta una acción irregular del Estado —que no tenía la obligación legal de realizar— pueda acceder a la justicia”.
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Esta demanda se presentó al final de la administración de Beatriz Hernández y ya son tres años de espera.
“Hasta donde sabemos, solo es cuestión de que dicten sentencia para saber en qué sentido viene la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa”, dijo.
Con esta demanda, dijo, se busca establecer que las autoridades no pueden rebasar el marco de atribuciones que tienen.
“Se busca sentar un precedente de que los ciudadanos sepan que hay medios de defensa ante las arbitrariedades del Estado, que los ciudadanos despierten y sepan que se pueden defender de las arbitrariedades que cometen los políticos, porque piensan que al llegar al poder son reyes y pueden hacer y deshacer a su antojo. Se les olvida que hay un marco legal al que tienen que ceñirse. Con esta demanda se busca marcar un alto a la clase política en sus excesos”, explicó.
Dijo que el importe que se le llegue a fijar como indemnización deberá ser cubierto por el Ayuntamiento, el cual estará obligado a emprender acciones contra quienes resulten responsables. Tendrá que fincarles responsabilidades y solicitar el reintegro del daño causado al erario público. Ese, dijo, es el único pendiente legal que tiene en su caso.
Agregó que, en el caso de la demanda de nulidad, ya fue atendida. Ahora solo falta que el Ayuntamiento actual determine si hay alguna responsabilidad administrativa, pues se pagó dos veces la plaza del contralor, lo que representa un daño al patrimonio público. Sin embargo, ya no supo del avance del proceso.
“Todo quedó en silencio. No sé si investigaron o si promovieron las acciones de responsabilidad administrativa, porque si no lo hicieron también podrían estar incurriendo en una responsabilidad administrativa por encubrimiento”, explicó.
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Dijo además que en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se promovió una demanda penal por abuso de autoridad, luego de que se destituyera a la mitad de los trabajadores de la Contraloría. Esta fue interpuesta contra la exalcaldesa Beatriz Hernández Cruz y la titular de Recursos Humanos, Teresa Segovia. Ambas fueron vinculadas a proceso, promovieron un amparo, lo perdieron y ya no sabe cómo va ese procedimiento.
Finalmente, dijo que tras estos hechos, muchas personas le cerraron las puertas profesionalmente. “Me ha afectado en la posibilidad de encontrar un empleo remunerado, y he tenido que desempeñar mi trabajo en la iniciativa privada. Incluso me tuve que cambiar de residencia y volver a empezar”, precisó.
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