Guanajuato, Gto.– La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el fraccionamiento La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación por presuntos delitos ambientales cometidos durante su desarrollo.
El operativo se realizó el pasado 30 de julio. La acción ocurre tras una denuncia presentada por la organización Acción Colectiva Socioambiental en contra de la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. y su administrador, el exdiputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba.
En la denuncia también se señalan a exfuncionarios municipales de Guanajuato capital, por presuntamente haber otorgado permisos de manera irregular para el avance del fraccionamiento.
Durante los gobiernos de Alejandro Navarro Saldaña (2018–2021 y 2021–2024) y Juan Carlos Delgado Zárate, desde la Dirección de Medio Ambiente, se autorizaron licencias de urbanización, uso de suelo y venta, así como la autorización de impacto ambiental, sin contar con los permisos federales requeridos por la ley.
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), anteriormente SMAOT, señaló en un dictamen técnico emitido en agosto de 2024 que el proyecto necesitaba contar con autorización de impacto ambiental y con el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal, documentos que emite la Semarnat. Sin ellos, cualquier permiso municipal o estatal carece de validez.
Aun con esta advertencia, el exalcalde Navarro ha declarado que su administración no autorizó el desarrollo de La Cucursola. No obstante, documentos oficiales revelan que fue notificado sobre los permisos expedidos por su propio gobierno y advertido por la PAOT desde noviembre de 2022.
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Por su parte, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial impuso en noviembre de 2024 una multa de poco más de 135 mil pesos a la empresa desarrolladora, pero no sancionó a servidores públicos ni presentó denuncias ante el Ministerio Público.
Ante esta resolución, la organización denunciante interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, para que se emita un fallo más exhaustivo.
El aseguramiento del predio representa un giro en el caso, que ha sido señalado por ambientalistas como ejemplo de impunidad institucional y deterioro ecológico en la Sierra de Santa Rosa, una de las zonas naturales más importantes del estado.
Acción Colectiva Socioambiental exige la clausura definitiva del fraccionamiento, sanciones contra los responsables y la restauración ecológica del área.
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