León, Guanajuato.- Alrededor de 30 vecinos de la comunidad de San Juan de Abajo en León, en representación de los más de 15 mil habitantes que la conforman, se manifestaron afuera de la Presidencia Municipal para exigir la regularización.
Esta comunidad, que según afirmaron lleva más de 35 años en la irregularidad, alzó la voz para que, por fin, sean tomadas en cuenta sus peticiones, entre las que se incluyen la pavimentación, el acceso a agua potable y un servicio de transporte regular.
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La manifestación, realizada para ser atendidos por el municipio de León, inició a las 10 de la mañana. Con cartulinas en mano y mensajes petitorios, los vecinos expusieron su preocupación.
En las pancartas se leía: “Exigimos la regularización para San Juan de Abajo, también tenemos derechos”.
Félix Ávila, vecino y representante, señaló que se han realizado otras construcciones en la comunidad, pero que no se ha avanzado en la regularización.
“También podemos demandar simplemente por el hecho de haber vivido más de diez años, de haber construido y estar ahí. El derecho de avecindado nos otorga los mismos derechos que los ejidatarios, y no nos los dan. Sí requerimos que las autoridades nos vean y nos hagan caso”, externó.
La protesta se llevó a cabo porque el Municipio los había citado para atenderlos este jueves y escuchar sus solicitudes, pero a última hora se modificó la reunión para el viernes.
Ávila destacó que la preocupación ha crecido desde el desalojo que se realizó el 14 de julio a algunos habitantes.
“Todos los vecinos tenemos un grupo de WhatsApp y, en cuanto llegue alguien a tratar de quitarte la propiedad, vamos a salir todos a correrlos”, afirmó.
El representante señaló que, aunque se habla eventualmente de partidos políticos, él se refiere a las personas y sus derechos.
Por su parte, Juan Pablo Delgado, asesor legal, informó que se han presentado más de 20 juicios en defensa de habitantes de la comunidad y que trabaja actualmente en 15 más.
“Es una colonia que ha tenido el valor de enfrentar a las autoridades por decisiones arbitrarias, como condicionarles el agua por no tener una escritura”, dijo.
Agregó que la comunidad tiene derecho a los servicios públicos básicos y a la vivienda.
“El derecho a la vivienda implica que las personas no pueden ser desalojadas de manera forzosa, y lo que pasó en San Juan de Abajo fue un desalojo forzoso”, aseguró.
Luego de no haber sido atendidos en las oficinas de la Presidencia Municipal, los vecinos fueron llevados a la oficina de Comercio, Consumo y Abasto, donde sostuvieron una reunión con personal del municipio que duró más de una hora y media.
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Tras este encuentro, Juan Pablo explicó que no hubo avances significativos, pero que se prepara otra reunión para determinar acuerdos.
Asimismo, aseguró que para continuar con el proceso se debe realizar una sesión de Ayuntamiento en la que se aborde la situación que aqueja a los habitantes de San Juan de Abajo.
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