En el curso de las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo el grupo criminal La Barredora consolidó su estructura criminal en el estado de Tabasco, con el respaldo de las autoridades estatales, identificando como su líder a Hernán Bermúdez Requena, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la entidad federativa, del 11 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2024, posición desde la cual, de acuerdo con múltiples informes de inteligencia, dirigía operaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, robo de hidrocarburos, extorsión y secuestro, entre otros.
Desde el 11 de diciembre de 2019 y hasta su renuncia el 5 de enero de 2024, Hernán Bermúdez Requena habría extendido la red delictiva de La Barredora hacia los estados de Veracruz y Chiapas, de acuerdo con informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, uno de los cinco existentes en el país, los cuáles concentran la información en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el cual depende directamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Dichos informes habrían sido emitidos en al menos 30 ocasiones, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 30 de agosto de 2022, dirigidos a altos mandos encargados de la seguridad nacional en el país, entre ellos: el General Audomaro Martínez Zapata, entonces director del CNI, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024; el General de División Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y 30 de septiembre de 2024; y Luis Rubén Sandoval Medina, titular del CENFI durante el periodo en que su padre, el secretario de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, ocupó el cargo referido.
A pesar de la gravedad y recurrencia de estas alertas, documentos entre los que se encuentran tarjetas informativas clasificadas como secretas, diagnósticos delictivos regionales, alertas confidenciales con fechas precisas y documentos con organigramas del grupo criminal, siendo algunos de ellos los siguientes: 31 de diciembre de 2019: “Ampliación de información Caso Playas” (Clasificación: Secreto); 02 de febrero de 2021: Tarjeta “Corrupción de autoridades”; 15 de febrero de 2021: Tarjeta “Ejecuciones Tabasco”; 06 de marzo de 2021: Diagnósticos delictivos en el Sureste; 23 de marzo de 2021: Tarjeta “Flash cooptación de autoridades”; 08 de mayo de 2021: Paquete de inteligencia Sedena; 31 de mayo de 2021: Tarjeta “Posible fuga de información”; 01 de julio de 2021: Informe “Situación Tabasco”; 31 de marzo de 2022: Panorama Tabasco, emitido por el Cerfi Sureste; 30 de agosto de 2022: Actividad delictiva en Tabasco; no se procedió a iniciar investigaciones penales, así como medidas para llevar a cabo la desarticulación de La Barredora.
Estos documentos, filtrados por el colectivo Guacamaya, extraídos de los archivos de la Secretaría de la Defensa en 2022, confirmados posteriormente por reportajes de investigación en diversos medios de comunicación, revelan que altos mandos militares y de inteligencia contaban con conocimiento, desde el año 2019, sobre la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad pública en Tabasco.
Por tanto, es de suponerse que, pese a las advertencias emitidas ante tales informes, diagnósticos y alertas, la omisión institucional permitiera que el grupo criminal La Barredora actuar con total impunidad, aumentando la violencia en municipios del estado de Tabasco como Huimanguillo, Cárdenas y Paraíso, fortaleciendo su red de corrupción al interior de las fuerzas policiales estatales, manteniendo, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021, posteriormente secretario de Gobernación en el periodo comprendido del 26 de agosto de 2021 al 16 de junio de 2023, durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente Senador de la República y coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la cámara alta, a Hernán Bermúdez Requena en su cargo, situación que compromete la credibilidad de las instituciones responsables del combate al crimen organizado.
Lo anterior debe llevarnos a reflexionar acerca de importancia que la seguridad nacional reviste en nuestro país. El último informe de gobierno del presidente Miguel de la Madrid establece, por primera vez en un documento oficial, al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. A partir de ahí hemos transitado por un largo camino en términos de transiciones institucionales, desde la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), su transformación en la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN), posteriormente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y finalmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); un camino de más de 40 años, el cual, durante el sexenio de Vicente Fox, se expide la Ley de Seguridad Nacional, misma que, además de definir que se entiende por seguridad nacional, riesgos y amenazas a la misma, contempla la instalación de la Comisión de Seguridad Nacional, organismo plural compuesto por tres senadores y tres diputados, el cual, de acuerdo con los artículos 56 y 57 de la citada ley, establecen que las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de tal comisión, así como el que, como parte de sus atribuciones, solicite informes concretos cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades.
Actualmente el Congreso de la Unión, desde hace 11 meses del arranque de la LXVI legislatura, no ha instalado dicha comisión, dificultando que, dentro del contexto del caso que nos ocupa, se llame a comparecer en audiencia a diferentes personalidades que pudieran haber tenido relación, como el caso concreto del general Audomaro Martínez Zapata, como ex titular del CNI, quien tuviera acceso directo y constante a la información aquí descrita, planteando ello serios cuestionamientos sobre su actuación y/u omisión como encargado de los servicios de inteligencia y seguridad nacional, al no contarse con registros de acciones correctivas y colaborativas con instancias ministeriales que permitieran perseguir y frenar la expansión de las actividades delictivas del grupo criminal en el estado de Tabasco y entidades federativas aledañas.
En los últimos días, desde el Congreso, la oposición ha hecho eco por subsanar dicha irregularidad, así como por llamar a cuentas al general. Estaremos atentos al curso de los acontecimientos.
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