León, Gto.– La titular de la Secretaría de la Honestidad, Arcelia González González, aclaró que la investigación iniciada por la entrega de 3.2 millones de pesos como apoyo a productores del campo, a una empresa propiedad del ex secretario de Seguridad estatal Álvar Cabeza de Vaca Appendini cuando aún era servidor público, esá centrada en la asignación del programa y no contempla a ningún funcionario.

“Les platico cómo está el tema de manera general: nosotros revisamos proyectos, no personas, es decir, si en la dádiva o en el tema del programa social que está específicamente dado, nosotros revisamos el programa social y sobre eso sí hay una auditoría. Estamos en ese tratamiento y es sobre el programa”, dijo al respecto.

Las observaciones por parte de Secretaría de la Honestidad derivaron de una investigación publicada por periódico Correo, en la que se exhibieron los contratos con los que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) le asignó los 3.2 millones de pesos a la empresa Picolíssima S.P.R. de R.L. de C.V., propiedad de Cabeza de Vaca y su esposa, para fortalecer la producción de pimiento morrón en agricultura de invernadero.

La dependencia aclaró que la revisión se centra en el programa social y no en funcionarios, aunque el caso apunta a posible tráfico de influencias.

El recurso le fue entregado bajo el convenio SDCA/DITA/RSA/12/2024 el 19 de junio del año pasado, a solo tres meses de que concluyera la administración del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, donde Alvar Cabeza de Vaca aún ocupaba la Secretaría de Seguridad, lo que constituye posible conflicto de interés, abuso de poder, desvío de recursos y tráfico de influencias.

El titular de la SDAyR en ese momento era Paulo Bañuelos Rosales, quien actualmente continúa bajo la administración pública estatal como director del parque agrotecnológico Agroverdi, propiedad del gobierno de Guanajuato.

Tras la publicación del caso la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que se iniciaron investigaciones de los hechos tanto en la Secretaría de la Honestidad como una revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, asegurando que cualquier acto de corrupción que se detecte será castigado.

Arcelia González precisó que en su área se lleva a cabo solamente la auditoría al contrato, en donde en caso de encontrar alguna irregularidad se turnará el caso a la instancia correspondiente, ante lo contencioso administrativo.

“Tenemos auditorías abiertas en curso, y si en esas encontramos algo que pudiera darnos visos para iniciar procedimientos, lo haremos sin ninguna reserva, se trate de quien se trate. La especificación de la gobernadora es esa, haremos el cumplimiento de la ley conforme a nuestro marco normativo”, puntualizó.

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