Guanajuato, Gto.- La discriminación que enfrentan personas migrantes por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional en aeropuertos e instalaciones federales, motivó el análisis de cinco propuestas impulsadas por la Comisión del Migrante, con el objetivo de salvaguardar sus derechos humanos, garantizar la igualdad y no discriminación, así como generar políticas integrales de protección.
En la mesa de trabajo se revisaron cinco puntos de acuerdo, de los cuales dos están dirigidos al INM: el primero busca que se implementen acciones para asegurar el derecho a la igualdad, no discriminación, libre tránsito y libertad personal, bajo un enfoque de derechos humanos; y el segundo, fortalecer los mecanismos para garantizar una migración segura y ordenada, con especial atención a niñas, adolescentes y mujeres migrantes, bajo la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
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Otro exhorto está dirigido al gobierno de Guanajuato y a la Secretaría de Derechos Humanos, a fin de que elaboren políticas integrales que protejan a los migrantes guanajuatenses, fortalezcan los programas de apoyo legal y comunitario, y establezcan mecanismos de reintegración económica, social y emocional para quienes sean deportados. Entre las propuestas destacan la creación de empleos, acceso a la educación, atención psicológica y programas que faciliten su reinserción en la sociedad.
Asimismo, se planteó un llamado a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para atender de manera urgente a migrantes y sus familias, garantizando derechos fundamentales en salud, seguridad y reinserción laboral. También se exhortó a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Atención a Migrantes a implementar una estrategia urgente que asegure el cuidado de este sector y fortalezca el papel de las Casas Guanajuato en Estados Unidos como centros de enlace y provisión de servicios.
Durante la discusión se señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya inició un proceso de capacitación en el INM, lo que podría dejar sin efecto parte de lo solicitado. También se sugirió incluir a todos los niveles de gobierno en una propuesta que atienda las redadas y acciones contra migrantes en Estados Unidos.
La legisladora migrante Yesenia Rojas Cervantes denunció que los usuarios enfrentan largas horas de espera para agendar citas, teléfonos que no son atendidos y gastos adicionales en traslados, hospedaje y alimentos para realizar trámites administrativos.
Por su parte, el diputado Antonio Chaurand Sorzano advirtió que las personas migrantes enfrentan grandes dificultades para integrarse a las comunidades, por lo que insistió en implementar programas de empleo, educación y atención en salud mental y física que favorezcan su reinserción.
Finalmente, el legislador Ernesto Millán Soberanes reconoció que la Secretaría de Derechos Humanos ya remitió información sobre los programas destinados a la comunidad migrante, pero advirtió que aún faltan precisiones sobre recursos presupuestales y mecanismos para garantizar los derechos fundamentales de las personas repatriadas.
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