Guanajuato, Guanajuato.- Amenazas directas han obligado a colectivos de búsqueda en Guanajuato a suspender temporalmente sus labores por motivos de seguridad. Ante esta situación, mantienen su exigencia a las autoridades para que les garanticen protección durante las jornadas y realicen investigaciones que permitan localizar a sus familiares.
De acuerdo con Karla Martínez, representante del colectivo Hasta Encontrarte, las intimidaciones comenzaron después de la desaparición de “Panchito”, padre buscador desaparecido en Irapuato. Luego de ello, explicó, el colectivo decidió detener sus actividades para proteger a sus integrantes.
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“Es muy desesperante no poder salir a búsqueda. El colectivo está parado en cuestiones de búsqueda (…) yo, personalmente, recibí un ramo de flores donde decía: ‘Descanse en paz, Karla’”, relató.
En este contexto, Amnistía Internacional, que ha acompañado a las madres buscadoras, rechazó la narrativa oficial que responsabiliza a las propias familias de ponerse en riesgo. La organización señaló que, por el contrario, son las autoridades quienes exponen a los colectivos.
“Los ataques y las amenazas que ellas reciben, tanto del crimen organizado como de agentes estatales, son responsabilidad del Estado mexicano, y cada una de las personas buscadoras que son asesinadas en este país es responsabilidad del Estado (…) el Estado tiene el deber de encontrar a quienes sean responsables”, declaró la organización.
Las buscadoras también denunciaron la falta de comunicación con las autoridades de Guanajuato, pues en varias ocasiones se enteran del hallazgo de sus familiares a través de los medios de comunicación y no mediante comunicación directa.
“No sé si es falta de comunicación o si son los familiares quienes después salen a dar otra versión. Nosotros siempre hemos pedido transparencia y claridad ante todos (…) las primeras que tendríamos que ser notificadas de algún hallazgo somos las familias de las víctimas desaparecidas. A nosotras nos da mucha pena y coraje enterarnos por medio de la prensa”, expresó Martínez.
Debido a esta situación, colectivos de búsqueda y Amnistía Internacional buscaron reunirse este jueves con autoridades estatales “para recordarle que es su deber proteger a las mujeres buscadoras, quienes tienen derecho a buscar y hacerlo sin miedo”.
Si bien el encuentro se concretó por la tarde, Amnistía señaló que ya se había solicitado una reunión con la gobernadora Libia García, la cual les fue cancelada una semana antes.
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“Que no se reúna con Amnistía Internacional, eso sería lo de menos; el problema es que no se reúne con los colectivos de búsqueda, con las mujeres que están haciendo la labor que le tocaría al Estado”, subrayó la organización.
Entre las exigencias presentadas a las autoridades destaca la eliminación de los registros de las mujeres buscadoras que fueron detenidas y violentadas durante una manifestación pacífica años atrás, así como la reparación del daño en cada uno de esos casos.
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