Previo a su audiencia, Chávez Jr. permanecía en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 en Hermosillo, Sonora, bajo prisión preventiva. Sin embargo, un juez de control le otorgó la libertad condicional, lo que le permitió salir el pasado 24 de julio, horas después de ser vinculado a proceso.
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La Fiscalía fundamentó su apelación en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados con delincuencia organizada. Según la dependencia, liberar al boxeador contradice este mandato constitucional y sienta un precedente contrario al marco jurídico vigente.
El caso se remonta a 2019, cuando Chávez Jr. comenzó a ser investigado por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La FGR lo señala como colaborador en un grupo encabezado por Ovidio “El Ratón” Guzmán y Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, supuestamente en calidad de ajustador de cuentas.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó 21 pruebas en su contra, incluidas escuchas telefónicas que lo relacionan con El Nini, testimonios de informantes y un informe de la DEA que lo ubica como sujeto de investigación internacional.
El recurso presentado será revisado por un Tribunal Colegiado de Apelación, que deberá determinar si Chávez Jr. puede continuar su proceso en libertad condicional o si debe regresar a prisión. El fallo podría demorar hasta tres meses, coincidiendo con el plazo otorgado para la investigación complementaria. La siguiente audiencia está programada para el 24 de noviembre.
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Aunque el pugilista obtuvo la libertad provisional, debe cumplir con diversas restricciones: no puede salir del país, debe presentarse a todas las audiencias y su defensa ofreció como garantía un inmueble valuado en 7 millones de pesos para acreditar arraigo y evitar riesgo de fuga.
La defensa de Chávez Jr.
Rubén Fernando Benítez, abogado penalista del boxeador, defendió la decisión judicial al señalar que se trató de una interpretación “progresista y garantista” de la ley. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, explicó que la prisión preventiva solo debe aplicarse cuando otras medidas cautelares no son suficientes, lo que —aseguró— no ocurre en este caso.
“En México tenemos la idea de que todos deben estar encerrados para que haya justicia, pero no es verdad. A mi representado no le han demostrado nada, no ha sido juzgado ni declarado culpable”, afirmó el litigante, quien añadió que los hechos que se le imputan datan de 2019 y que, en los últimos seis años, no existen indicios de violencia cometidos por el pugilista.
El abogado insistió en que Chávez Jr. está comprometido con el proceso legal y que busca demostrar su inocencia. “Le interesa seguir el caso hasta las últimas consecuencias y soterrar especulaciones sobre su presunta culpabilidad”, puntualizó.
Por lo pronto, el hijo del “Gran Campeón Mexicano” seguirá en libertad bajo condiciones estrictas, mientras su futuro jurídico queda en manos del Tribunal Colegiado de Apelación.