1.- Mueren sin sentencia en Guanajuato
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI colocó al Poder Judicial entre las instituciones con menor confianza social: seis de cada diez mexicanos consideran corruptos a los jueces, apenas por encima de los policías de tránsito. Las fiscalías no salen mejor libradas: la misma proporción las percibe como corruptas y, en efectividad, reprobaron con claridad.
La desconfianza no se explica únicamente por este problema que perciben los ciudadanos. El deterioro tiene raíces igual de profundas: sobrecarga de asuntos, falta de recursos, escasa capacitación y un andamiaje burocrático que transforma cada procedimiento en un laberinto donde se pierden tiempo, dinero, energía y, en ocasiones, vidas.
Lo documentado por Periódico Correo muestra esa ineficiencia: en 2024 murieron 28 personas imputadas que esperaban sentencia; entre enero y abril de 2025 ya suman 11 más. Todas ellas debían ser tratadas como inocentes hasta que un juez resolviera su caso. Lo fueran o no, jamás se sabrá: sus expedientes quedaron archivados y ahora solo forman parte de las estadísticas.
La reforma judicial promete agilizar el acceso a la justicia, pero se quedó a medias al dejar intactas a las fiscalías, donde persiste el cuello de botella más grave: miles de denuncias nunca se judicializan y, cuando lo hacen, enfrentan juzgados saturados que prolongan los procesos.
El presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, ha insistido en que se requieren mayores recursos y mejores condiciones para abatir el rezago. Pero mientras la justicia avanza al paso de un elefante, la realidad corre con otra lógica: en México, antes que la justicia, demasiadas veces llega la muerte.
En el caso de la Fiscalía de Guanajuato, su titular Gerardo Vázquez Alatriste presume el impulso al procedimiento abreviado: espera cerrar el año con al menos cuatro mil sentencias por esta vía. De hecho, las cifras del propio Poder Judicial confirman un incremento: de 74 sentencias bajo este mecanismo en enero a 254 en mayo. La herramienta ayuda a descongestionar, sí, pero también abre nuevas grietas: saturación penitenciaria, incentivos perversos, “moches”, que condicionan su acceso. Otra vez, un círculo vicioso en detrimento del acceso a la justicia.
2.- Fiscalía investiga a exfuncionaria del IACIP
Oficialmente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga a la exdirectora de Administración y Finanzas del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), Norma Kim Miranda, quien dejó el cargo por “pérdida de confianza” tras diversos señalamientos de presuntas irregularidades.
El caso se originó a partir de una auditoría realizada en 2024, en la que se detectaron gastos frecuentes de gasolina para una camioneta que no pertenecía al Instituto, pagos irregulares de peaje y más de 40 facturas duplicadas. Ninguno de estos hallazgos fue informado oportunamente al Pleno del IACIP, lo que incrementó las sospechas de un manejo indebido de recursos públicos. Las inconsistencias superan los 300 mil pesos y donde la exfuncionaria no sería la única señalada.
Las anomalías ya generaron reintegros por más de 100 mil pesos, que en todo caso no elimina por presuntos malos manejos del recurso público. La denuncia fue presentada por la titular del Órgano Interno de Control del IACIP, María de Lourdes López Ramírez, y el 2 de septiembre se solicitó a la comisionada presidenta, Mariela Huerta Guerrero, un informe sobre la gestión de la exdirectora, particularmente la entrega de una copia certificada de su nombramiento.
La Fiscalía comenzó con las diligencias e incluso ya citó a declarar a Jonathan Iván de Jesús Armenta Rincón, quien formaba parte de su equipo como especialista en servicios. La investigación, aún en curso, perfila un capítulo más en el accidentado proceso de extinción del órgano garante de la transparencia en Guanajuato.
3.- Alcaldesa de Moroleón: agenda propia… e intereses
Los reclamos de la presidenta municipal de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, contra la delegada de Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, también debe llevar a plantear una pregunta: ¿qué intereses persigue realmente la alcaldesa?
Sánchez Barragán se desmarcó con fuerza de la delegada, cuestionando su estilo de oposición frontal. Y es cierto que Rocha ha convertido la tribuna pública en un espacio para criticar casi todas las acciones del gobierno estatal. El problema es la falta de consistencia en esas causas, lo que ha terminado por restar credibilidad a su discurso. Tiempo de elegir mejor las batallas.
Ahora bien, el caso de la presidenta municipal no es menor. Mientras critica a Rocha, ella ha buscado una relación tersa con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en general con Morena. Los elogios hacia ambas son frecuentes. Incluso, puso el nombre de la gobernadora a un gimnasio para mujeres en Moroleón, el cual —ironías de la política— no resistió una tormenta y terminó con daños graves que obligarán al municipio a invertir varios millones.
No se espera que Sánchez Barragán asuma un papel de oposición abierta, como sí lo hace Rocha en su papel de liderazgo político. Sin embargo, es evidente que la alcaldesa sigue una agenda propia, guiada más por sus intereses y previniendo escenarios.
El desencuentro bien puede llevar a la reflexión del liderazgo que busque asumir Yulma Rocha y en la coordinación de Movimiento Ciudadano con sus propios gobiernos municipales. Para la alcaldesa, la ecuación es mantener distancia, evitar confrontaciones y, sobre todo, no permitir que le hagan ruido en su administración.
Contra Retrato
Eugenia Martínez Carrillo
Vale la pena poner atención a las señales que comienza a enviar la presidenta del DIF Salamanca. Sus movimientos comienzan a clarificar las aspiraciones que pueda tener hacia el 2027.
El pasado viernes, durante la visita de Claudia Sheinbaum en León, apareció junto a su esposo, el alcalde César Prieto Gallardo. No pasó inadvertida: Martínez Carrillo fue de las más entusiastas, coreando consignas y subiendo incluso a una silla para mostrar apoyo a la presidenta.
Desde su posición en el gobierno municipal se le ha dado más foco. Hace unos meses viajó con el alcalde al Senado, donde posaron sonrientes con legisladores, entre ellos, del Partido Verde, como Manuel Velasco Coello y Virginia Magaña Fonseca. Puede ser mera cortesía, pero esto alimenta las versiones sobre la exploración de posibles rutas políticas.
Con las reformas a los estatutos de Morena contra el nepotismo, ella no podría contender por el partido a la presidencia municipal. Queda la opción de postularse con un partido aliado. Para un grupo fundador de Morena en Guanajuato como los Prieto, este movimiento no sería menor, pero tampoco imposible si el objetivo es retener el control de Salamanca.
A ello se suma que Ernesto Prieto Gallardo, hermano del alcalde y que tampoco podrá aparecer en la boleta, marcó línea: respaldar a un perfil originario del municipio. Allí, Martínez Carrillo aparece como la mejor posicionada frente a la diputada Hades Aguilar Castillo, que ha dejado claro que está dispuesta a desafiar a los Prieto en su bastión.
Por cierto, durante la gira presidencial, habitantes de varias comunidades entregaron un escrito al equipo de Sheinbaum. Reclamaron que el gobierno de César Prieto los ha ignorado en sus peticiones de obra pública y, peor aún, que en ocasiones han recibido regaños en lugar de soluciones.