Celaya, Guanajuato.- Al grito de “¡No quiten sus derechos a grupos vulnerables!”, alrededor de 60 jubilados y pensionados de la administración confrontaron al alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez en los patios de la presidencia municipal, donde mantienen un plantón desde el pasado jueves. Nuevamente le exigieron que les devuelva el fondo de ahorro, el pago íntegro del aguinaldo y que respeten el resto de sus prestaciones.
Los ex trabajadores municipales advirtieron que no habrá negociaciones ni interpretaciones de la ley, ya que han fundamentado legalmente que sus prestaciones son derechos adquiridos.
Los jubilados tenían una cita con el presidente municipal este martes a las 18:00 horas, en donde dialogarían sobre el fondo de ahorro que les quitaron, el aguinaldo, el aumento salarial anual y el resto de las prestaciones que han recibido durante años; sin embargo, el alcalde se ausentó debido a que por la tarde viajaría a la Ciudad de México.
Los jubilados aprovecharon que el presidente municipal pasó por el patio central del edificio y lo encararon. Primero vitorearon que lo quieren presente en las reuniones de negociaciones entre sus representantes y el gobierno y, acto seguido, le reclamaron nuevamente que les quitó el fondo de ahorro, ya que van tres catorcenas sin que se les retenga, lo que indica que no lo recibirán en diciembre.
El presidente municipal los saludó y aprovechó para decirles que no estaría presente en la reunión previamente pactada. De inmediato, la presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya, Blanca Hilda Grande Vega, le respondió que sin su presencia no habría acuerdos y adelantó que no accederán a negociaciones.
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“No queremos negociaciones, señor presidente, porque creemos que todos estamos en lo justo de lo que siempre nos han dado. Ya me enteré de que no nos consideraron para el aumento salarial y eso no se vale. ¡No hay negociación! Yo se lo aclaro delante de toda mi gente: no hay negociación señor presidente, queremos hablar con usted; que usted sea quien nos diga si no hay aumento, no hay préstamos, no hay ahorros, pero que sea usted quien se dirija a nosotros. Eso es lo que pedimos: respeto para toda nuestra gente jubilada, enferma que la tenemos aquí sentada, gente mayor… estamos en lucha, peleando lo que nos corresponde por derecho, porque es un derecho”, dijo Blanca Hilda Grande.
Juan Miguel Ramírez logró convencerlos de que, aunque él no esté presente, asistan a la reunión y escuchen la propuesta que les hará su equipo de trabajo, y les prometió que el miércoles se reunirá con ellos.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez aseguró en todo momento que quiere que se respeten los derechos de los ex trabajadores, pero afirmó que no tienen sustento legal para pagarles el Fondo de Ahorro; sin embargo, propuso negociar y adelantó que su equipo de trabajo tiene una propuesta.
En entrevista, Ramírez insistió en que no existe sustento legal para pagar el Fondo de Ahorro, por lo que les propondrán pagar solo una parte y respetar el aguinaldo.
El alcalde indicó que el Gobierno del Estado ya interviene en el problema y que ahora lo hará la Federación, dado que el pago de prestaciones a los jubilados implica una erogación significativa. Asimismo, aseguró que el Gobierno del Estado sugirió disminuir el fondo de ahorro de los jubilados.
“No queremos quitarles los derechos a los trabajadores, por un lado tenemos los derechos de los trabajadores y por otro tenemos que justificar esos pagos a esos derechos de los trabajadores, por ejemplo en el ahorro ellos ahorran 20 pesos, el municipio les tiene que dar otros 20 como un derecho, es decir va peso a peso, entonces este derecho que ellos tienen nosotros lo tenemos que justificar porque por otro lado tengo las auditorías en puerta y para eso no hay una justificación…Se les van a hacer propuestas asesorando qué es lo que les digo es todo lo que nos digan hay que cuidar los derechos de los trabajadores y los recursos del pueblo”, afirmó.
Y aunque en las pasadas administraciones se les pagó íntegro el Fondo de Ahorro y el aguinaldo, el alcalde aseguró que a los gobiernos pasados no les hicieron observaciones en las auditorias, a ellos sí.
Afirmó que es necesario frenar el presupuesto que se eroga en los pagos a jubilados y pensionados, que cada vez es mayor, ya que en octubre que inició su gobierno eran poco más de 500, actualmente son 740 y para el 2030 serán más de mil.
“Habrá complicaciones para solventar los pagos si no se establecen límites claros”, advirtió.
“A mí me entregaron lo que significa para el 2030 las jubilaciones, hoy hay 700 y tantas jubilaciones, para el 2030 va a haber mil y tantas jubilaciones y para el 2030 los recursos que hay no van a alcanzar”, señaló.
El problema entre los jubilados y el gobierno municipal comenzó desde agosto que les quitaron el fondo de ahorro, de ahí a la fecha han realizado varias manifestaciones y desde el pasado jueves 4 mantienen un plantón en la presidencia municipal. Hasta la tarde de este martes, 60 jubilados se mantienen en los patios de la presidencia municipal en representación de los 220 que conforman la asociación.
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La mayoría de los jubilados son personas de la tercera edad, algunos sufren de alguna enfermedad, otros no pueden caminar, algunos no escuchan bien y hay quienes ya perdieron la vista, sin embargo sus manifestaciones las han realizado de manera pacífica, por lo que reclamaron al alcalde que un reportero independiente, que se presenta como funcionario municipal los ha descalificado en sus redes sociales, aseguraron que ha mentido sobre el motivo de las manifestaciones, se ha burlado de ellos, les ha hecho señas obscenas y ha hecho calificaciones ofensivas.
Incluso hubo pancartas en las que lo invitan a que no los ofenda, ya que son ex trabajadores municipales que laboraron durante años al servicio de la administración.
La presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya, Blanca Hilda Grande Vega, advirtió que demandará al reportero, quien niega ser periodista y se autodenomina generador de contenido.
El alcalde aseguró que no es parte de su equipo de trabajo y que no le puede prohibir que escriba o manifieste sus puntos de vista porque lo demandarían por coartar sus derecho a la libertad de expresión.
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