León, Guanajuato.- En medio del clima de inseguridad que ha afectado al gremio, las asociaciones de abogados de León y del estado condenaron públicamente los asesinatos de dos de sus colegas ocurridos entre este miércoles y jueves, con una petición de audiencia con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo por parte de la Asociación Independiente, para solicitar garantías de seguridad en el ejercicio de su profesión.
Por parte del Colegio de Abogados de León se emitió una postura por el asesinato de Gustavo Emilio Delgado, quien trabajaba dentro de la Defensoría de Oficio del estado de Guanajuato como coordinador en materia penal.
“El Colegio de Abogados de León, A.C. lamenta profundamente y condena los hechos ocurridos el día de ayer, en los que perdió la vida nuestro colega Gustavo Emilio Delgado. Extendemos nuestra más sincera solidaridad a su familia, amistades y a toda la comunidad jurídica en este difícil momento”, expresó su presidente Víctor Sánchez a través de un escrito.
Seguridad
Asesinan a dos abogados en menos de 24 horas en Guanajuato; uno en León y otra en Pénjamo
El crimen contra Gustavo Emilio ocurrió la mañana de este miércoles en el municipio de León, en una gasolinera ubicada sobre el bulevar Morelos esquina con Las Torres. Casi 24 horas después ocurrió otro asesinato en el municipio de Pénjamo, contra la abogada Sara Zavala Rodríguez.
Por ambos hechos, la Asociación de Abogados Independientes del estado de Guanajuato se pronunció contra la violencia que ha sufrido el gremio, afirmando que es un agravio directo al estado de derecho y un golpe a la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
“La abogacía no puede ejercerse bajo amenazas ni con el temor constante de ser atacado por el simple hecho de cumplir con la defensa de los derechos de las personas. El gobierno estatal, las fiscalías y los poderes públicos deben garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercemos la profesión, pues la integridad de los abogados es condición indispensable para la vigencia del estado de derecho y para que se haga justicia”, expresaron en un comunicado.
La Asociación también solicitó la audiencia con la gobernadora para expresar sus inquietudes, considerando que el ejercicio de la abogacía necesita medidas de protección y castigos ejemplares para quienes atentan contra los litigantes, y poder ejercer sin presiones ni miedo.
Tras el asesinato de Delgado, el Colegio de Abogados informó que ya tiene contacto con la Secretaría de Seguridad Pública de León para implementar protocolos de protección, donde como primera medida se propuso conectar los sistemas de videovigilancia de sus despachos al C4, para mantener una revisión preventiva de esas zonas, considerando que apenas el mes pasado ocurrió otro doble ataque donde fueron asesinados Carlos Rojas Domínguez y Óscar Pérez Murillo en la colonia Hidalgo del Valle.
Secretario de Gobierno descarta ejercicio de la profesión en caso de León
El secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, quien desde la noche del atentado emitió condolencias públicas e informó que Gustavo Emilio trabajaba para la dependencia, afirmó este jueves que el asesinato del servidor público al parecer no está ligado con el ejercicio de su profesión, durante la emisión matutina de Audiorama Noticias.
“Las primeras investigaciones que nos da la Fiscalía, es que la línea más fuerte es que no tiene relación con su función en el gobierno, sin embargo eso no le quita el dolor a la familia ni la necesidad de que se haga justicia. Hay un compromiso de dar con los responsables, va bien el trabajo del fiscal, ayer me decía que hay avances considerables y hay que dejar que hagan su trabajo” dijo al respecto.
León
Así fue el ataque contra Emilio Delgado, abogado de León, asesinado mientras cargaba gasolina
Jiménez Lona añadió que desde el miércoles hubo contacto directo con la familia del funcionario, a quienes se les ofrecerán todos los apoyos institucionales necesarios.
Respecto a la función que desempeñaba Delgado en la defensoría de oficio, el secretario de Gobierno informó que hacía labores meramente administrativas como coordinador de asuntos en materia penal, cuya función principal era asignar los casos a los defensores de oficio, y que durante varios años ejerció en Irapuato
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