De acuerdo con la notificación publicada en los estrados de la Corte, el recurso fue promovido contra la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, que en 2013 acreditó el crédito fiscal por concepto de ISR, recargos y multas.
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La admisión del recurso abre un plazo máximo de seis meses para que la SCJN resuelva el caso, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. En caso de que no se emita una sentencia dentro de ese periodo, la Corte deberá justificar la demora ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano interno de control correspondiente.
Np es la primera vez que Salinas hace esto
Salinas Pliego ha recurrido a todo tipo de recursos legales para retrasar el pago de impuestos. La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, ha señalado que los adeudos de sus empresas ascienden a 74 mil millones de pesos frente al SAT.
En junio pasado, un Tribunal ordenó a Grupo Elektra cubrir cerca de 2 mil millones de pesos por un adeudo de ISR correspondiente al ejercicio fiscal de 2010. Pese a ello, la compañía ha presentado múltiples escritos y recursos legales para dilatar las resoluciones.
Tan solo en lo que va de 2025, Elektra ha interpuesto 38 medios de impugnación, entre ellos impedimentos, recursos de reclamación y conflictos de competencia, además de mantener abiertos 32 juicios en curso.
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Deudas también en el extranjero
La presión contra el empresario no se limita a México. En Estados Unidos, Salinas Pliego pagó recientemente una fianza de 25 millones de dólares para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T Inc.. Según Bloomberg, también enfrenta obligaciones por 565 millones de dólares con otros tenedores de deuda en ese país.
A pesar de poseer una fortuna estimada entre 5,500 y 7,500 millones de dólares, según cálculos de Forbes y Bloomberg, respectivamente, los pasivos fiscales y financieros de Salinas Pliego representan una parte considerable de sus activos.
Mientras tanto, el empresario insiste en negar la validez de las deudas, tanto con el SAT como con los acreedores estadounidenses, y mantiene su confrontación con el Gobierno federal.