En el curso de estos últimos días he vuelto a ver, con renovado interés de cinéfilo empedernido, la película La Tormenta Perfecta, la cual relata la travesía fatal del pesquero Andrea Gail y su tripulación, liderada por el capitán Billy Tyne (George Clooney). Ante la escasa pesca de la temporada, y una precaria condición económica, Tyne convence a su tripulación, entre ellos Bobby Shatford (Mark Wahlberg), David “Sully” Sullivan (William Fichtner), Michael “Bugsy” Moran (John Hawkes) y Dale “Murph” Murphy (John C. Reilly) de adentrarse en aguas peligrosas en busca de una captura excepcional.
Tras lograr una pesca abundante en los Bancos de Flandes, emprenden el regreso a la costa de Gloucester, Massachusetts, encontrándose en el camino con una alerta meteorológica crítica: dos frentes tormentosos y un huracán, que exhibe los patrones de clima frío de una tormenta invernal, convergen en su ruta, formando un fenómeno casi sin precedentes, conocido como la “tormenta perfecta”. A pesar del riesgo, deciden enfrentarla para salvar la mercancía. Sin embargo, pronto se ven superados por olas gigantescas y vientos devastadores que dañan gravemente la embarcación. Pese a que la tripulación lucha con heroísmo, el barco es finalmente engullido por una ola monstruosa hundiéndolo en el Atlántico.
Después de ver el filme, no puedo dejar de pensar que, en la política mexicana, pocas tormentas llegan solas, como la que envuelve actualmente al senador y coordinador de la bancada de MORENA en la cámara alta, Adán Augusto López Hernández, el cual, como al Capt. Tyne, lo envuelve la bruma, al enfrentar una polémica más, derivado de la investigación periodística, dada a conocer la noche del jueves pasado, acerca de presuntos ingresos millonarios no declarados, sumados a la detención de un excolaborador suto a su paso como gobernador de Tabasco, detenido por vínculos con el crimen organizado, y una demanda de juicio político que busca su destitución e inhabilitación por hasta 20 años. Dos frentes tormentosos y un huracán que, juntos, no solo ponen en jaque su carrera, sino que someten a prueba la solidez del sistema de rendición de cuentas en nuestro país.
La investigación en comento documenta transferencias por 79 millones de pesos al senador entre los años 2022 y 2024, provenientes de empresas como GH Servicios Empresariales -señalada por el SAT como “fantasma”-, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, siendo graves no solo los montos, sino la aparente desconexión entre estos movimientos y sus declaraciones patrimoniales. De acuerdo con el reportaje, el político habría ocultado sus ingresos en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, declarando en 2023, ingresos por siete millones de pesos, cuando en realidad obtuviera 22 millones, y un año después, cuando tuvo ingresos por 58 millones de pesos, declarando solo 626.000 pesos.
Ante ello, el viernes 27, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, pidió al senador aclarar públicamente el origen de sus ingresos, respondiendo, al ser cuestionada sobre el caso, confiar en que Adán Augusto aclararía todo -lo cual llevaría a cabo sin dilación horas después (alrededor del medio día)-, subrayando que su gobierno se encuentra comprometido con la austeridad republicana y la rendición de cuentas, por lo que cualquier acto de corrupción sería investigado.
En conferencia de prensa, el senador Adán Augusto insistió encontrarse todo en orden, al provenir sus ingresos de asesorías, rentas, venta de ganado y herencias familiares, acusando una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos. En un momento clave de su intervención lanzó una frase que cobraría resonancia “…quiero aclarar que sé quién y quiénes, pero no es fuego amigo”. Y aunque no dio nombres, dejó claro que veía una estrategia de desgaste desde dentro y fuera de su partido, atribuyéndolo a un intento de desestabilización política. AL respecto, el caso no flota en el vacío. La investigación fiscal se entrelaza con la figura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto, hoy detenido y señalado como presunto líder de “La Barredora”, organización criminal que operara con impunidad bajo el cobijo institucional, y la demanda de juicio político presentada en la Cámara de Diputados, acusando a López Hernández de tráfico de influencia, cohecho y encubrimiento, por actos u omisiones que habrían favorecido al crimen organizado durante su mandato como gobernador, demanda ratificada un día antes de que estallara el escándalo de los 79 millones, alimentando, ante la opinión pública, suspicacias y sospechas sobre la oportunidad política de ambas revelaciones.
Ante estos hechos, el partido oficialista, MORENA, ha respondido con cautela, buscando ganar tiempo -el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores anunció que la solicitud de juicio político contra el senador deberá esperar a que se resuelvan aproximadamente 1,200 casos anteriores, ya que la ley establece que los trámites deben desahogarse por prelación (el orden de su inscripción en el registro correspondiente, y no por la fecha en que se originó el acto jurídico), aclarando que ni siquiera han recibido formalmente estas solicitudes, ya que primero deben ser evaluadas por la Subcomisión de Examen Previo, condición que pospone indefinidamente cualquier avance en estos procesos-, tratar de evitar con ello que el caso fracture aún más a su bancada en el senado. Lo que es cierto es que el panorama para el senador es adverso. Al ser un flanco débil, si las acusaciones avanzan, la bancada podría verse forzada a elegir entre la lealtad y la supervivencia política.
Lo que está en juego con el caso Adán Augusto trasciende su figura. Es una prueba para la cuarta transformación y su promesa de “austeridad republicana” y combate a la corrupción. También es un examen para las instituciones: ¿podrá la Cámara de Diputados procesar una demanda de juicio político con imparcialidad? ¿Actuará la autoridad fiscal con independencia? Hoy, el senador enfrenta una triple encrucijada: aclarar de manera contundente y documentada el origen de sus ingresos, deslindarse o asumir responsabilidad por los actos de su exsecretario de Seguridad, y navegar una batalla política que amenaza con dejarle sin curul y sin futuro en la vida pública. México ha visto antes cómo escándalos similares se diluyen en la opacidad o se resuelven en tribunales mediáticos. Esta vez, con una opinión pública más alerta y una oposición dispuesta a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, es probable que la resolución, o la falta de ella, marque un precedente sobre qué tan responsables pueden ser realmente figuras políticas de alto nivel.
Pensando en la película, la duda es si al senador podría esgrimir la frase del capitán Billy Tyne, “todos estamos destinados a morir, pero no hoy…” Veremos.