El legislador del Estado de México explicó que el objetivo de su propuesta no era limitar la libertad de expresión ni castigar el humor político, sino atender los casos de violencia digital que afectan principalmente a mujeres, a través de imágenes manipuladas o generadas con inteligencia artificial (deepfakes).

“Nos hemos encontrado con muchos casos de mujeres que han sido ridiculizadas, victimizadas y sexualizadas con imágenes falsas. Eso es lo que queremos frenar”, aseguró el diputado en entrevista con Azucena Uresti.
Sin embargo, la confusión que generó el documento original —que planteaba sanciones de hasta seis años de cárcel y multas económicas— evidenció una falta de claridad legislativa. La iniciativa incluso incluía sanciones más severas si la víctima era un servidor público, lo que provocó críticas por considerarse un intento de blindar a funcionarios de la crítica ciudadana.
Corona Arvizu reconoció que esa parte “fue un error” y que será eliminada para evitar interpretaciones de censura.
“Queremos proteger a personas vulnerables, no limitar la libertad de expresión”, justificó, sin aclarar por qué esa precisión no estuvo desde el principio.
Especialistas en derechos digitales y activistas feministas han señalado que ya existen mecanismos legales, como la Ley Olimpia, para sancionar la difusión de contenido íntimo o manipulado sin consentimiento. Por ello, algunas voces consideran que la iniciativa del diputado repite marcos ya existentes sin aportar soluciones nuevas.

Más allá de las intenciones, la polémica dejó al descubierto cómo, en la era de la inteligencia artificial, la urgencia de legislar no siempre va acompañada de un conocimiento técnico o de género suficiente.
¿Qué proponía originalmente la “Ley Antistickers”?

El documento inicial contemplaba penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario mínimo a quienes difundieran imágenes alteradas sin consentimiento. También incrementaba las sanciones cuando las víctimas fueran menores, personas con discapacidad o funcionarios públicos, o si las publicaciones se hacían de forma masiva.
Tras la ola de críticas, el diputado aseguró que la nueva versión de la ley se enfocará únicamente en deepfakes con fines de violencia digital, especialmente los que afecten a mujeres, y que “no tocará” la libertad de expresión en redes.