El linchamiento como fenómeno social ante la nulidad y las deficiencias de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en México, a las cuales se suman, las carencias de recursos y personal suficiente, rebasadas por el cumulo de trabajo, lo que ocasiona incurran en malas prácticas, que generan desconfianza en los ciudadanos, favoreciendo la impunidad.
Aunado a la falta de capacidad técnica e independencia de los servicios forenses, las estructuras de seguridad, la falta de una policía de investigación científica, inteligencia y capacitación de los cuerpos policiales, son algunos de los principales obstáculos que impiden la eficiencia de las instancias y tribunales encargados de impartición de justicia.
La violencia doméstica y la alerta de genero
Siendo más evidentes a nivel local las deficiencias estructurales y la desconfianza en las autoridades. La ecuación perfecta para que la cultura de la impunidad germine en la sociedad, si a esto le agregamos la ignorancia y la violencia de la población, que reacciona enojada con la práctica del “linchamiento justo”, transformándose en una situación de barbarie que garantiza impunidad a sus ejecutores, fruto de la rabia acumulada, ante la ausencia del estado de derecho, que convierte a una población por unas horas en una turba enardecida que hace de la tortura y el asesinato sus instrumentos de reivindicación, ante la ineficiencia del poder judicial y en los cuerpos de seguridad. Sin que signifique una justificación para el alzamiento popular, basado en la desesperación de la ciudadanía ante el aumento de la criminalidad, la televisión no puede continuar fomentando y difundiendo ante la opinión pública esa violencia, que generan, lleva el germen de la descomposición social. Sumada a la desconfianza e incredulidad en las autoridades, que a todos nos perjudica.
Los ciudadanos ya sienten desconfianza, frustración y hasta rabia en contra de las Fiscalías y los Ministerios Públicos, cuando ven derrotadas sus expectativas frente a la impunidad. Lo peor es la actitud de los legisladores, reformista, desenfrenada y extraviada abusando del derecho penal, al que utilizan como justificación, único recurso para frenar la delincuencia, una ilegitima política criminal desordenada, donde la sola opción que ven los diputados, es incrementar las penas con máximos de 60 años; sin embargo, la delincuencia sigue ahí creciendo.
Las elecciones del hambre y los delitos electorales
Debemos recobrar la fe y la confianza en las autoridades, en la justicia, los funcionarios públicos, son empleado cuya vocación de servicio, debe ser tal, que satisfaga la necesidad de justicia de la población. Erradicar la negligencia, la indolencia y la falta de profesionalismo, de quienes están encargados de investigar, perseguir los delitos y procurar justicia. El incremento de la población obliga a tener y preparar más policías, ministerios públicos y jueces. No debemos caer en la barbarie y la deshumanización, producto de la desesperanza.