Ciudad de México, México.– Este 26 de septiembre se conmemora el décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, un suceso que ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva de México.
A lo largo de una década, múltiples informes y evidencias han señalado el papel del Ejército en la tragedia, revelando patrones de falsedad y ocultamiento de la verdad que continúan marcando el desarrollo del caso.
Desde la noche fatídica del 26 de septiembre de 2014, cuando los normalistas fueron atacados en Iguala, Guerrero, los familiares han señalado que las fuerzas armadas han simulado entregar información.
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A pesar del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Ejército proporcione datos relevantes que pudieran ayudar a encontrar a los estudiantes, las familias afirman que la respuesta ha sido insuficiente y evasiva.
“El Ejército ha dicho que ha entregado todo, pero tenemos pruebas de que ocultan información crucial”, afirmaron los padres en diversas ocasiones.
¿El Ejército tuvo algo que ver con la desaparición de los 43?
A pesar de las promesas de transparencia y acceso a la verdad, los familiares de los normalistas denunciaron la ocultación de información (Foto: Twitter)
La actitud del Ejército ha sido cuestionada desde el principio. El entonces Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, negó cualquier relación o responsabilidad del Ejército en los sucesos de Iguala.
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Sin embargo, informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad han contradicho esta narrativa, indicando que el Ejército no solo estaba al tanto de lo que sucedía, sino que también tenía la obligación de actuar.
Durante los años posteriores a la desaparición, los militares han modificado sus declaraciones y ocultado información clave. El sexto informe del GIEI documenta inconsistencias en las versiones proporcionadas por el personal del 27 Batallón de Infantería, destacando que las declaraciones iniciales eran vagas y carentes de detalles.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha mantenido bajo resguardo un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia que podrían esclarecer el contexto de lo sucedido en Iguala.
A pesar de las promesas de transparencia y acceso a la verdad, los familiares de los normalistas denunciaron la ocultación de información (Foto: Twitter)
Los padres de los normalistas han solicitado la entrega de alrededor de 800 documentos que contienen información crucial, como transcripciones de llamadas telefónicas entre miembros del crimen organizado y detalles de las operaciones militares en la región. Sin embargo, el ocultamiento de información y la alteración de datos han sido prácticas persistentes, según evidencias recabadas.
A lo largo de la investigación, se ha revelado que el Ejército contaba con información en tiempo real sobre el paradero de los estudiantes. Intervenciones telefónicas y documentos militares indican que había una relación entre mandos militares y el grupo delictivo Guerreros Unidos, lo que ha llevado a plantear la hipótesis de una colusión entre el Ejército y el crimen organizado.
Las fuerzas armadas tenían conocimiento de los riesgos que enfrentaban los estudiantes desde horas antes del ataque, pero su inacción ha despertado sospechas sobre su responsabilidad.
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A pesar de las promesas de transparencia y acceso a la verdad, los familiares de los normalistas denunciaron la ocultación de información (Foto: Twitter)
Con la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, surgieron nuevas esperanzas para las familias. Se reabrió la investigación, se creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y se dio la bienvenida nuevamente al GIEI.
Sin embargo, a medida que se fueron encontrando nuevas evidencias, la falta de apoyo político y la resistencia dentro del Ejército han dificultado el avance del caso. La renuncia del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, y la salida del GIEI en julio de 2023, debido a la falta de cooperación, han dejado a las familias en un estado de desesperación.
En un contexto donde las promesas de justicia parecen cada vez más distantes, las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos continúan su lucha.
A pesar de las adversidades, han mantenido la tradición de realizar marchas mensuales, exigiendo justicia y claridad sobre lo ocurrido aquella noche en Iguala. El futuro del caso, sin embargo, se presenta incierto, ya que el nuevo equipo en el gobierno ha mostrado signos de ineficacia y falta de compromiso.
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