Guanajuato, Guanajuato.- Comerciantes ganan amparo contra el municipio de Guanajuato después de seis años de batalla legal. Ahora, la Dirección de Fiscalización y Control deberá resarcir el daño tras la desaparición de su mercancía.
Tras seis años de litigio entre comerciantes de la Plazuela del Músico y el gobierno municipal, los afectados lograron obtener un fallo a su favor, ya que la autoridad no pudo demostrar que las acciones de desalojo y resguardo de mercancía se realizaron de manera legal. Ahora deberá pagar hasta 500 mil pesos por la mercancía o devolver todos los bienes que fueron retirados.

Mediante el juicio de amparo 1814/2025-II, promovido por Virginia “N” y otros comerciantes, se certificó que la Dirección de Fiscalización y Control de Reglamentos del municipio de Guanajuato no ingresó ningún recurso de revisión sobre el amparo interpuesto por los comerciantes. El caso se originó por un desalojo ocurrido el 11 de enero de 2020, cuando inspectores retiraron tres puestos de productos diversos durante la medianoche.
Ahora, un juzgado federal ordenó a la Dirección de Fiscalización y Control y a su encargado de despacho, Gustavo Bück González, que un documento emitido en 2026 deje de tener efecto y que se presente el inventario de la mercancía que fue retirada sin sustento legal de la vía pública. En ese momento, las disposiciones administrativas aún no estaban publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, motivo por el cual se argumentó el desalojo de los comerciantes y sus tres puestos.
Además, de no acatar la resolución judicial se podría incurrir en inejecución de sentencia, lo que podría derivar en la separación del cargo y en la consignación por el delito de incumplimiento de una ejecutoria de amparo contra el titular de Fiscalización.
Asimismo, Bück González deberá prevenir a los solicitantes para que comuniquen el nuevo inventario de los productos sustraídos o, en su caso, el catálogo existente de los bienes resguardados en 2020.
El pasado 10 de febrero de 2026, una notificación del juzgado federal fue entregada en las oficinas de la Dirección de Fiscalización y Control mediante oficio. La dependencia tenía hasta el 25 de febrero del año en curso para responder; sin embargo, esto no ocurrió.
Para Joan Salinas, defensor de los comerciantes afectados, este caso muestra que la autoridad actuó desde un inicio con la intención de obtener un beneficio económico fuera de la ley. Señaló que el desalojo de los locales y la retención de mercancía se intentaron utilizar como presión para lograr acuerdos irregulares que nunca se concretaron. También acusó que inspectores de Fiscalización, en repetidas ocasiones, solicitaron cuotas semanales para permitirles trabajar y recuperar sus productos.

“Hoy la ley nos asiste con un amparo y una sentencia ejecutoria para recuperar las mercancías después de seis largos años de retención ilegal. Si no cumplen, les puede costar muy caro o incluso el cargo a Gustavo Bück González”, concluyó el defensor.
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