Guanajuato, Gto.- Con 292 votos a favor, 163 en contra y 0 abstenciones, se aprobó en lo particular la reforma a la Ley General de Salud para prohibir la venta, fabricación, distribución, importación y publicidad de vapes o cigarros electrónicos que determina sanciones de hasta 226 miles de pesos y cárcel.
La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma, con ciertas modificaciones, y ahora se encuentra en el Senado para su análisis y avance. Contrario a lo que se pensó, la criminalización del ‘vapeo’ no sanciona su consumo, sino la comercialización.
La administración de Morena ha buscado penar el cigarrillo electrónico desde hace cinco años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El primer decreto data de 2020 donde se prohibía la venta de vaporizadores y similares, lo que modificó la regulación aduanal del tabaco..
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El presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, señaló que la evidencia científica contradice la reforma. Advirtió que la criminalización deja un espacio disponible para ser ocupado por el crimen organizado y que las bandas amplíen su espectro de negocios.
¿De cuánto es la multa por comercializar vapes?
En primera instancia, cabe aclarar que las sanciones son únicas para el comercio de vaporizadores y productos similares, a quienes, en palabras de Ricardo Monreal. “producen, distribuyen, comercializan y obtienen ganancias indebidas”.
El dictamen establece que se puede castigar con 1 a 8 años de prisión para toda persona que fabrique, distribuya, venda o publicite vapeadores o cigarros electrónicos en todo México. A ello se le agregan las multas económicas de 100 a 2,000 veces la UMA.
La UMA es la Unidad de Medidas y Actualización, un valor que se actualiza anualmente de acuerdo a la inflación. De acuerdo con el UMA actual, la sanción equivale a 11 mil 314 pesos o puede incluso llegar a los 226 mil 280 pesos, dependiendo de la gravedad y reincidencia.
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Vale decir que el consumo personal del vapeo no está criminalizado. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, remarcó que la reforma queda “jurídicamente blindada” para no penalizar a los usuarios.
Aunque los legisladores afirman que la medida tiene un enfoque de salubridad para menores de edad, a quienes está enfocado el negocio de acuerdo a sus declaraciones, organizaciones y especialistas advierten que reconocer el vapeo como una amenaza la salud pública abre las puertas a próximas medidas de control con la justificación de “campañas” y “protección de grupos vulnerables”.