Celaya, Guanajuato.- El Frente Cívico Celayense promovió un juicio de amparo indirecto para frenar los trabajos del Tren de Pasajeros en su paso por la zona urbana de Celaya, así como la tala de árboles y las modificaciones viales, hasta que se garantice el derecho de la ciudadanía a una consulta pública sobre esta obra.
Ernesto Ledesma, representante de esta organización civil, explicó que decidieron acudir al amparo ante el Poder Judicial debido a que las autoridades municipales y federales no escucharon sus propuestas e inconformidades sobre el paso del Tren de Pasajeros por la zona urbana de la ciudad. El recurso legal solicita que se detengan los trabajos mientras se realiza una consulta ciudadana, como lo establece la ley, para determinar si la población está de acuerdo o no con que el Tren de Pasajeros atraviese la ciudad.
“El 23 de julio salió el acuerdo admisorio que radicamos en el Juzgado Quinto de Distrito. Es un amparo contra el procedimiento administrativo de obra pública del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato, que pretende atravesar la zona urbana de Celaya, y estamos enfocados en que se brincaron la Ley de Consulta Pública. Tenemos que opinar los ciudadanos si queremos más tren, después de más de 30 años del paso de un tren de carga. En Celaya, ¿por qué el capricho de que atraviese la ciudad? Esa es la inconformidad que tenemos y vamos a ver qué resuelven”, informó Ernesto Ledesma.

El recurso legal, firmado por Abdiel Alberto Navarro Torres y Ernesto Ledesma Orozco, expone lo que consideran una serie de omisiones administrativas y ambientales en las que habrían incurrido tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como el Gobierno Municipal de Celaya y diversos institutos locales.
En el expediente se argumenta que la ruta trazada para el paso del tren provocará una fragmentación severa del entorno urbano, al cortar el flujo peatonal y vehicular directo en múltiples calles y avenidas principales.
A la afectación en la movilidad se suma el impacto ecológico derivado de la tala de cientos de árboles en la zona urbana. Al respecto, los quejosos señalan que no existe un plan de compensación ambiental formalmente aprobado ni socializado con la comunidad.
Los demandantes solicitaron al juez de Distrito la suspensión provisional y definitiva de la obra, lo que incluye detener de inmediato la tala de árboles y el desmonte en la zona urbana; cualquier alteración o confinamiento de la infraestructura vial y peatonal, así como la ejecución formal del convenio marco de colaboración entre el Municipio y las instancias federales para el desarrollo de la obra.
Por ahora, el caso se analiza en los juzgados federales, donde se determinará si se concede la medida cautelar para frenar los trabajos del Tren de Pasajeros “hasta que se cumpla con la ley ambiental y el derecho de la ciudadanía a ser informada y escuchada”.
“Estamos en espera de que las autoridades federales rindan su informe previo para que la titular pueda pronunciarse sobre la suspensión provisional. Es un detalle técnico-jurídico que estamos esperando se resuelva conforme a derecho, porque a todas luces es conocido que no hubo consulta pública y esperamos que el 10 de agosto, fecha de la audiencia, tengamos esa noticia para ver en qué términos se pronuncia. Este es un tema de lógica jurídica: si la ley mandata que se haga una consulta pública y no la haces, se debe suspender la obra hasta que se lleve a cabo y el resultado sea favorable”, dijo Ernesto Ledesma.

Juan Miguel Ramírez asegura que amparo por tren en Celaya no va a proceder
El alcalde Juan Miguel Ramírez está seguro que no va a prosperar el juicio de amparo indirecto promovido por el Frente Cívico Celayense que busca frenar las obras del Tren de Pasajeros a su paso por la mancha urbana de Celaya y aseveró que detrás de la inconformidad social existen “intereses particulares” de carácter empresarial y político sobre terrenos e infraestructura.
Al ser cuestionado sobre los argumentos de la demanda —los cuales advierten sobre la falta de consulta pública, la tala masiva de árboles y la fragmentación urbana por el paso del tren a nivel de piso—, el munícipe minimizó los alcances del juicio constitucional y arremetió contra los promoventes.
Ramírez Sánchez sostuvo que la acción legal no nace de un interés legítimo por la protección ambiental ni por la movilidad de los celayenses, sino de intereses ajenos al bienestar colectivo.
“Ese amparo no va a prosperar. Hay intereses muy claros de un grupo de empresarios y de personas que tenían otras intenciones”, aseveró el alcalde.
El presidente municipal, señaló que Ernesto Ledesma Orozco, uno de los principales firmantes del recurso de amparo, buscó integrarse a la administración municipal al inicio del trienio y pudiera ser que ahora tenga intereses particulares en que se cambie el trazo del tren.
“El propio Ernesto Ledesma fue candidato para ocupar la Dirección de Movilidad en esta administración; al no quedar, ahora encabeza esta postura. Estamos contestando esta petición que quiere este ‘grupo salvador de árboles’, pero hace poco estaban diciendo primero que querían cambio de vía. El mismo Ledesma nos dijo que tenía ya propuestas de vías alternas y ahora ya están cambiando el objetivo. Parecía que había intereses en algunos terrenos o algo, porque primero plantearon eso y ahora están planteando los árboles, que no hubo una especie de consulta”, aseveró el edil.
Asimismo, insistió en que el proyecto es una obra del Gobierno Federal, por lo que jurídicamente no es atribución municipal convocar a dicha consulta legal, aunque sostuvo que el Municipio sí ha mantenido diálogo constante con la ciudadanía.
“A nosotros no nos corresponde hacerlo y es lo que vamos a contestar (…) El Gobierno Federal hizo una consulta alrededor de las vías con las colonias por donde iba a pasar. Nosotros dimos información a la gente de todas esas colonias, hemos tenido varios compromisos con ellas y les hemos cumplido”, afirmó Juan Miguel Ramírez.
El presidente municipal vinculó la inconformidad del movimiento con las aspiraciones de Ernesto Ledesma Orozco y sus presuntos nexos con un grupo de empresarios.
“Ledesma era uno de los candidatos para ser director de Movilidad en Celaya. Imagínense si él no puede tener contacto conmigo. Él representa o es amigo de muchos de los empresarios constructores de Celaya (…) Yo creo que es una cuestión política, lo he insistido y lo vuelvo a decir”, enfatizó Ramírez Sánchez.
El alcalde señaló que existe relación entre el Frente Ciudadano Celayense, promoventes del amparo, con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Colegio de Arquitectos de Celaya, quienes sugirieron un anteproyecto con un trazo alterno argumentando un riesgo de “estrangulamiento vial”.

“Ellos dicen que no se oponen a la obra, que lo que quieren es que se cambie el trazo. Yo creo que sí hay intereses particulares, porque no son los únicos que se oponen al trazo (…) Sacan un nuevo trazo y dicen que Celaya quedará estrangulada. Ese mismo grupo del principio es el mismo que está encabezando esta asociación, coinciden en lo mismo. Pero el Gobierno Federal no lo va a cambiar”, sentenció.
El alcalde confió en que los tribunales colegiados y jueces de distrito terminarán por desechar la suspensión provisional solicitada por los quejosos, argumentando que el interés general de la conectividad nacional prevalecerá sobre los amparos promovidos a nivel local.
“Vamos a responder en los términos que la ley nos exija, pero tenemos la certeza de que los juzgados van a valorar el beneficio público de la obra. Celaya no se va a detener por agendas de unos cuantos … Es su derecho hacer todo lo que quieran hacer, pero también es nuestro derecho defendernos; estoy defendiendo al pueblo de Celaya. Imagínense que quitáramos el tren: el tren es movilidad, es comercio, es posibilidad de crecimiento. El tren representa en estos momentos el futuro”, puntualizó Ramírez.
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